Una característica distintiva de las organizaciones criminales consolidadas, es su habilidad para ejercer control territorial, un fenómeno que suele emerger en contextos de ausencia estatal o debilidad institucional y que se alimenta de factores como la corrupción, discriminación, la marginación social, la disparidad en el acceso a la educación y la escasez de oportunidades laborales.
El control territorial ejercido por el crimen organizado tiene una directa correlación con las áreas que han sido inicialmente abandonadas por el Estado.
Existen diversas experiencias internacionales sobre la captura del territorio por
parte de criminales y mafias, algunas de ellas muy cercanas y con condicionantes similares a lo que hoy podemos ver en nuestro país.
Los “territorios controlados” son realidades complejas y diversas.
Inicialmente, las organizaciones criminales que comienzan a imponer su dominio lo hacen mediante el uso de la violencia y el terror. Sin embargo, con el tiempo, desarrollan una relación simbiótica, instaurando sus propios códigos y mecanismos de regulación.
Servicios y ausencia del Estado
Un aspecto fundamental en su proceso de consolidación corresponde a su habilidad para suplir servicios que tradicionalmente debieran ser suministrados por el Estado, como la provisión de asistencia social, atención sanitaria, oportunidades de empleo y, de manera particular, la oferta de seguridad y justicia.
Los “servicios” proporcionados por organizaciones criminales en territorios bajo su control conllevan un alto costo para los habitantes de estas áreas. Los residentes a menudo se ven obligados a adherirse a códigos de sumisión y lealtad que pueden incluir la utilización de sus viviendas o bienes para actividades delictivas, el uso de sus identidades como testaferros, o incluso la entrega de sus hijos para ser utilizados como soldados en estas organizaciones.
Trágicamente, muy menudo son los propios niños y jóvenes los que se unen voluntariamente a la actividad criminal organizada, atraídos por la promesa de estatus, oportunidades, reconocimiento y sentido de pertenencia.
En algunas realidades latinoamericanas, el control territorial por parte de la criminalidad se convierte en imbricado mecanismo de uso político, preparado a ofrecerse a quienes estén dispuestos a pagar el precio. Casos de elecciones tuteladas por sicarios, embarazo de urnas, acarreo de votantes, etc. son lamentablemente más frecuentes de lo que creemos.
Esto se debe, entre otros factores, que ante un Estado formalizado ausente, surge un sustituto que permite que algunas comunidades perciben al “patrón” y sus estructuras como el único ente estatal accesible, acudiendo a ellos en busca de consejo, justicia, salud y oportunidades laborales.
El control territorial también es fuente de conflictos violentos entre facciones rivales, así como de alianzas estratégicas, en la que los mas perjudicado son siempre las familias y personas que deben vivir allí.
La criminalidad organizada siempre estará consciente de que el Estado podría intentar retomar el control de un territorio que ha caído bajo su dominio. Un indicador clave para determinar la fortaleza y cohesión de estas organizaciones será interpretar su capacidad para defender el espacio controlado o su tenacidad para intentar recuperarlo.
Y es eso precisamente lo que debiéramos comenzar a analizar en nuestro país.
Control territorial en Chile
Aunque las autoridades frecuentemente aseguran que no hay lugar en el país donde la policía o el Estado no puedan entrar, lo cierto es que la capacidad operativa para ingresar a un área no equivale a una presencia estatal sostenida.
La pregunta crítica es qué sucede después de que las fuerzas de seguridad se retiran. ¿Persiste la presencia y la influencia del Estado?
Un Estado genuinamente presente y efectivo implica mucho más que intervenciones esporádicas y armadas. Requiere un compromiso profundo y constante con las comunidades, abarcando la seguridad, la provisión de servicios y el bienestar social, para contrarrestar eficazmente la influencia y el control del crimen organizado.
Fortalecer el control del gasto público
El escándalo conocido como el “caso fundaciones” es un claro recordatorio de la imperiosa necesidad de que como país avancemos en fortalecer el control de nuestros recursos, y evitar que millones de pesos puedan ser desviados del erario público hacia complicados circuitos financieros o “cañerías vampiros”, cuyo destino final permanece en la sombra.
En Chile, debemos avanzar en la protección de nuestro gasto público a través de iniciativas que agilicen y fortalezcan los sistemas y procedimientos para detectar la infiltración criminal, incrementando los controles y ampliando las herramientas preventivas.
Otra preocupación que debiéramos asignar como prioritaria en Chile, es el exponencial crecimiento de campamentos conocidos actualmente como “asentamientos precarios”, densamente poblados y en todas las regiones del país, donde se percibe y se debe vivir con la ausencia del Estado.
Es importante determinar objetivamente, sin miedo y sin tapujos ideológicos cuánto territorio hemos perdido y cuánto está actualmente bajo el control del crimen organizado en Chile. Y sobre ello, trabajar concertadamente en restarle espacios.
Como sociedad, nos enfrentamos a un complejo reto; ¿Cómo podemos convencer a un niño, que crece en un entorno marcado por el control criminal y la ausencia del Estado, de que un narcotraficante poderoso no constituye un modelo digno de imitar?
Restar territorio al crimen organizado
En países severamente afectados por la criminalidad, como méxico, he observado cómo iniciativas impulsadas por la sociedad civil de “Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)” han sido extremadamente efectivas en arrebatar espacios al control narcotraficante, y le han devuelto algo de dignidad a las comunidades.
El control territorial también facilita el control de mercados criminales y potencia las economías ilícitas, su rentabilidad criminal es impresionante, al nivel que en las favelas de Rio de Janeiro, por ejemplo, las facciones criminales designan “gerentes” territoriales que deben administrar y gestionar las diversas capas de ingreso de divisas a la estructura criminal principal, que van desde la droga, la protección, las extorsiones, la entrega de servicios, entro otros.
Es hora de cambiar nuestra visión respecto a este fenómeno, hablemos de cuánto territorio ha cedido el Estado y cómo podemos recuperarlos, restárselo al crimen organizado. La tarea no es sencilla, pero debemos empezar de una vez.
