Tras cuatro años de discusión constitucional, no estamos en el mismo punto de partida. Dependerá de la propia ciudadanía reconocer y aprovechar estos aprendizajes, ejercer activamente su derecho a participar en los procesos político-sociales y buscar nuevos mecanismos para los desafíos que nos presentará el futuro.
Luego que la última propuesta de nueva Constitución fuera rechazada, se ha instalado una idea que merece ser revisada con detención: se ha dicho que tras dos intentos constitucionales fallidos, quedamos donde mismo.
Pero, ¿realmente quedamos donde mismo? ¿No aprendimos nada en más de cuatro años desde la revuelta de octubre? Como ciudadano, pero también como alguien que formó parte de estos procesos, me parece un error histórico negar los aprendizajes de este ciclo. Veamos.
Cambios concretos al ordenamiento constitucional
Uno de los últimos enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 fue destrabado en el contexto del trabajo de la Convención, rebajando los quórum de reforma constitucional a cuatro séptimos, para todos los artículos del texto, y eliminando todo quórum contramayoritario para la ley: ahora, las leyes de amarre de la dictadura (las leyes orgánicas) podrán ser reformadas por mayoría absoluta.
Asimismo, aspectos centrales de la discusión constitucional del ciclo 2021-2022 fueron incorporados a la Constitución vigente, como la norma que señala que Chile es un Estado social y democrático de Derecho (art. 154.5), el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios (art. 154.4), el cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad (art. 154.12). Junto a otros, tales como el principio de soberanía popular (art. 154.1), el de división de poderes (art. 154.7) y el reconocimiento del interés superior de niños, niñas y adolescentes (art. 154.9).
Si bien se trata de las bases fijadas para la propuesta de nueva Constitución, se trata de normas constitucionales vigentes que recogen un amplísimo consenso, tanto en la sociedad como en la clase política, y que podrían ser invocadas en futuras instancias institucionales, como en la formulación de políticas públicas y proyectos de ley.
Como toda interpretación constitucional, su viabilidad dependerá de que el argumento preciso sea esgrimido en un contexto político favorable.
La fuerza de la movilización popular, unidad política y otros aprendizajes
Por otro lado, el ciclo 2019-2023 deja una serie de aprendizajes que no podemos despreciar. Lo primero es que la organización y movilización popular puede incidir de manera determinante en la marcha institucional de la República, a través de un repertorio de acción política que reivindica el carácter popular de la soberanía, fuente de legitimidad del orden jurídico.
La actividad de los últimos años demuestra cómo la capacidad de imaginación política del pueblo puede formular propuestas innovadoras para hacer frente a la crisis de legitimidad y confianza que aqueja a las instituciones políticas.
La participación popular a través de mecanismos largamente postergados (como la iniciativa popular), fue una de las grandes protagonistas del ciclo, especialmente en el trabajo de la Convención, generando contenidos que representan una verdadera innovación democrática. Cuando la ciudadanía se organiza y participa, la institucionalidad no queda indiferente.
Sin embargo, también constatamos, una vez más, que los procesos de cambio social no son siempre lineales ni ascendentes y que, no pocas veces, es necesario sobreponerse a los reflujos que representa la reacción conservadora. Pero también aprendimos que el pueblo puede contener dicha reacción en las urnas.
Aprendimos que la unidad política es clave para avanzar en cambios sociales, o bien, para contenerlos.
La unidad de las derechas fue clave para su triunfo en el plebiscito de 2022, mientras que la división de las izquierdas las condujo a una dura derrota. Lo propio ocurrió en el plebiscito de 2023, pero a la inversa.
No estamos en el mismo punto de partida
Tras cuatro años de discusión constitucional, no estamos en el mismo punto de partida. Dependerá de la propia ciudadanía reconocer y aprovechar estos aprendizajes, ejercer activamente su derecho a participar en los procesos político-sociales y buscar nuevos mecanismos para los desafíos que nos presentará el futuro.
