Las personas con diversidad funcional/discapacidad son aproximadamente el 15% de la población, según el Banco mundial. Por siglos esta situación ha sido ignorada y permitió diversas formas de abuso y discriminación. El desarrollo social, económico y cultural fue abriendo espacios de reconocimiento y luego de acogida en el mundo social y en las políticas públicas.

Un hito relevante fue cuando en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Luego las mismas Naciones Unidas establecieron el 1 de marzo como el Día Mundial de la Inclusión Social y Discriminación Cero, con el fin de promover el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género, edad, raza, orientación sexual, religión o discapacidad.

En Chile

Según SENADIS, el 17,6% de las personas adultas, más de 2.7 millones, pertenecen a este segmento de la población en nuestro país. De ellas, 6.7% declaran una discapacidad leve a moderada y 12.4% severa.

Un dato relevante a considerar es que existe un 24.1% de mujeres con discapacidad, mientras que solo el 13.8% son hombres.

Para las personas con diversidad funcional/discapacidad, la inclusión laboral es una expectativa de realización que se ve impedida por diferentes barreras que se presentan en el entorno. Por ejemplo en infraestructura poco accesible, actitudinales y prejuicios, lo que se traduce en condiciones desfavorables en remuneraciones, horarios y tareas.

Aquí también las inequidades territoriales se hacen presente, incrementando las posibilidades que personas con diversidad funcional accedan al empleo.

Un aporte desde regiones

Un factor importante a considerar es la centralización de bienes y servicios, los cuales se aglutinan en la región metropolitana a diferencia de otras regiones del país.

Lo anterior explica por qué en las instituciones que conforman la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), la inclusión laboral de personas con diversidad funcional/discapacidad, ocupa un espacio relevante en su agenda, tanto hacia sus comunidades estudiantiles, funcionarias y académicas, como a su entorno regional.

De esta forma avanzamos en la identificación y minimización de Barreras para el Aprendizaje y Participación, desde el compromiso de co-construir comunidades educativas inclusivas y libres de discriminación, respondiendo a la normativa vigente en Chile, ley n° 20.422, n° 21.015 y n°21.275.

Cada universidad regional ha ido avanzando en la incorporación de medidas y estrategias que contribuyan en el acceso, participación y desenvolvimiento de trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional en el desarrollo de su quehacer laboral, con el objetivo claro de eliminar cualquier forma de discriminación.

Se avanza en educar y sensibilizar a las comunidades, colaboradores y su entorno local sobre la importancia de estos asuntos, promover el respeto y otorgar igualdad de oportunidades a todas las personas más allá de su condición.

A ello, hemos sumado cambios en la infraestructura, uso de tecnologías como herramientas que propician la inclusión y dinámicas laborales que contribuyan en la incorporación y desempeño laboral.

Igualmente, se incorporan nuevos criterios en los mecanismos de selección y contratación para entregar garantías e igualdad de oportunidades.

Desde las Universidades Regionales se asume la inclusión laboral como una oportunidad de enriquecer los entornos laborales.

Trabajar desde el enfoque inclusivo y con personas con diversidad funcional/discapacidad genera círculos virtuosos de crecimiento mutuo, tanto para las personas que conforman nuestras comunidades universitarias como para la construcción de una sociedad más justa.

Los desafíos están presentes y como instituciones de educación superior tenemos la convicción y necesidad de avanzar para acortar las brechas de desigualdad existentes en Chile.