Se ha vuelto común escuchar de nuestras autoridades y medios, el concepto "ajustes de cuentas” para explicar graves hechos de violencia; como balaceras, asesinatos o actos de intimidación criminal. Es peligroso acostumbrarnos a que frases clichés se conviertan en nuestro discurso oficial sobre la seguridad, ya que las palabras generan realidad o pueden moldear nuestra percepción de ella.
El “ajuste de cuentas”, es una versión moderna del “somos un país de tránsito de drogas” o “hechos aislados”, frases que detrás de su aparente buenismo, solo retrasan el diagnóstico urgente y necesario para el desarrollo de políticas públicas efectivas.
En el pasado, al minimizar la importancia del mercado local de consumo y enfatizar nuestra condición de país de tránsito, inadvertidamente permitimos que las drogas inundaran nuestras comunidades, atrayendo principalmente a jóvenes que terminaron involucrados como adictos o soldados.
De manera similar, al considerar los casos de corrupción como incidentes aislados, subestimamos cómo estos actos iban permeando y contaminando nuestras instituciones y el panorama político.
Conceptos que minimizan la realidad
Metodológicamente, no deberíamos utilizar el concepto “ajustes de cuentas”, si no somos capaces de responder a interrogantes como: ¿Cuál fue el hecho inicial que desencadenó este evento?, ¿Por qué no logramos prevenirlo si lo conocíamos?, ¿Cuáles serán las consecuencias de este nuevo evento?
La ausencia de este análisis convierte al “ajuste de cuentas” en una simplificación inútil y no contributiva, no podemos desconocer a la Tercera Ley de Newton que señala “toda acción genera una reacción igual y opuesta”.
La restructuración de la criminalidad
Investigadores y expertos reconocidos concuerdan que la criminalidad en América Latina está experimentando un proceso de reestructuración significativo, el cual está modificando los equilibrios conocidos.
Esta transformación se manifiesta principalmente a través de oleadas de violencia irracional, enfocadas en la lucha por el control territorial.
Este proceso desemboca en cambios radicales dentro de las economías ilícitas, fomentando así la formación de alianzas criminales y una creciente interconexión transfronteriza.
Como consecuencia directa de estos cambios, estamos presenciando una reconfiguración notable en el panorama de seguridad a nivel regional.
Chile no está exento de estas tendencias
Aquí, se evidencian transformaciones notables. Por ejemplo, la tradicional dicotomía -que predominaba en el mundo del hampa criollo- entre ladrón y traficante ha cedido el paso a un modelo criminal más complejo y diversificado, abarcando una variedad más amplia de actividades ilícitas.
Lo anterior, facilita la creación de alianzas entre organizaciones criminales internacionales con grupos delictivos locales.
Adicionalmente, observamos el desarrollo de una contracultura criminal en la que las actividades delictivas son vistas como símbolos de estatus, con una creciente apología del crimen y la violencia.
Esta tendencia es evidente en corrientes estéticas y musicales, que han ganado espacio en la televisión pública y en las redes sociales.
Preocupa la normalización del estilo de vida criminal, especialmente entre los jóvenes, más aún considerando la falta de alternativas positivas que se ofrecen desde nuestro actual contexto social y político.
En este contexto, el persistente “ajuste de cuentas político”, caracterizado por un continuo intercambio de acusaciones sobre nuestras deficiencias en materia de seguridad, resulta extremadamente perjudicial.
El “ajuste de cuentas político” y las debilidades de los Estados latinoamericanos
Esta división obstaculiza tanto el desarrollo de un diagnóstico claro como la implementación de estrategias efectivas en la lucha contra el crimen.
Mientras esta situación persiste, el narcotráfico, fortalecido por su control territorial, continuará debilitando la autonomía social de los barrios y deteriorando la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
A diferencia del Estado, la delincuencia organizada se destaca por poseer una estructura de
relacionamiento plano y accesible, que facilita el contacto directo “cara a cara”, con barreras de entrada bajas e integradoras y, dada su presencia en el territorio, posee la capacidad real de controlar o amedrentar.
Debemos siempre tener presente que la delincuencia organizada, en su esencia es un modelo de negocio perverso que se aprovecha de las debilidades estatales para obtener beneficios económicos.
Una de las mayores amenazas en la región es su capacidad para formar alianzas con gobiernos caudillistas, autoritarios o corruptos, ofreciendo votos y alianzas mediante el ejercicio de su control territorial y penetración social.
La percepción de abandono del Estado
En América Latina, se ha notado un patrón en el cual la percepción de abandono por parte del Estado facilita el ascenso de líderes populistas o autoritarios, directamente vinculados y financiados por organizaciones criminales.
Esto ha dado lugar a zonas criminalizadas y autónomas, donde los caudillos locales, asegurando su permanencia en el poder, ejercen influencia en las estructuras estatales.
Estos líderes son hábiles en capitalizar el el descontento popular, aprovechando las debilidades del sistema democrático para llegar al poder y lograr ocultar operaciones ilícitas bajo la cobertura que les proporciona la representación popular.
Frecuentemente, obtienen apoyo de ciudadanos desilusionados, ya sea prometiendo seguridad alternativa, representando un cambio frente a la política tradicional o presentándose como la opción para castigar un sistema percibido como fallido.
No debemos subestimar esta amenaza, ya que podría convertirse en el definitivo “ajuste de cuentas” de una sociedad exhausta de promesas incumplidas y una retórica grandilocuente.
Aún hay tiempo para enfrentar los desafíos de seguridad y criminalidad, despolitizar el problema criminal y trabajar unidos para recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más escéptica.
