La ONG Campo Seguro, sostiene que desde el 2018 al 2022 se realizaron 162 ocupaciones ilegales en la Macrozona Sur, 53 de ellas con violencia, resultando sólo 3 con sanciones de multa.
Además, el período de recuperación de un predio se encuentra desde los tres a diez años, siempre y cuando lo logren recuperar, porque en muchas ocasiones no se logra. Esto es lo que el Gobierno promueve con sus anuncios de veto a esta Ley, las ocupaciones ilegales que sufren las familias en Chile.
Este proyecto que ya fue despachado por el Senado al ejecutivo, busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas incorporando mecanismos eficientes de restitución de los inmuebles a sus familias.
Lo que el Gobierno anunció querer vetar, es el mecanismo de la denominada “Presunción Legal de Defensa Propia”, que no es otra cosa que eximir de responsabilidad a aquel propietario, aquel representante de una familia, que repele la consumación del delito de usurpación, entendiéndose que estará actuando en defensa propia.
Es justamente, este punto el que aparentemente le hace ruido al Gobierno, por lo que decidió presentar este veto, que en voz de la ministra Carolina Tohá, solo buscaría impedir que las personas por mano propia reivindiquen o defiendan sus derechos, porque ello solo les correspondería a las policías.
Con la nueva normativa, la restitución sería sin la necesidad de una orden judicial, es decir, se establece un reconocimiento expreso de los derechos del propietario a reivindicar su derecho de propiedad, reestableciendo el imperio del derecho, repeliendo a los ocupantes sin la necesidad de que exista un procedimiento penal, que todos sabemos es muy extenso, añadiendo mayores dificultades a los afectados en vez de solución rápida.
En definitiva, esta nueva ley viene a cambiar lo que hasta ahora tiene nuestra legislación en materia de usurpaciones, dando celeridad a los procesos y reconociendo el legítimo derecho que tienen los propietarios sobre sus bienes.
Tras el anuncio del veto presidencial, la Moneda anunció una mesa de trabajo con el parlamento para allanar el camino hasta ese veto. Yo espero que no sea una nueva manipulación para legitimar una acción, que una vez más, va en contra de la seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas.
Naturalmente, no deseamos que aquellos que se sientan atemorizados se armen para defender sus bienes, lo que buscamos es contar con una nueva normativa, actualizada y que defienda a quienes se sientan amenazados de perder sus propiedades.
En definitiva, aquí está en juego el derecho de las personas a proteger su propiedad privada y de este modo vivir en paz y tranquilidad.
