"Estos hechos permiten constituir las condiciones, si hay buena fe al efecto, para generar un amplio acuerdo de las fuerzas políticas en torno a un pacto fiscal que se haga cargo de la situación y que permita recaudar recursos para enfrentar demandas ineludibles".
Hemos conocido hace poco un escándalo de proporciones, a propósito de transferencias de importantes sumas de dinero realizadas a una fundación desde un servicio público en la Región de Antofagasta. De inmediato se han iniciado las investigaciones respectivas, tanto desde lo administrativo como del Ministerio Público, ante la existencia de infracciones funcionarias y de eventuales delitos. Del mismo modo, y desde las responsabilidades políticas, más allá de la renuncia del seremi involucrado, ha hecho lo propio la Subsecretaría de Vivienda.
Este es un proceso en desarrollo. Han aparecido nuevos antecedentes que involucran otras fundaciones y en otras regiones con un modus operandi similar y con una relación política partidaria de todos los involucrados.
Sin duda, se trata de hechos de la mayor gravedad, que deben ser esclarecidos totalmente sin importar la importancia de los partícipes ni que exista el menor asomo de impunidad.
Por cierto, constituye un dato adicional que incorpora una dosis de paradoja es que todos los involucrados conocidos hasta ahora pertenecen a una coalición política que hasta hace un tiempo presumía de una superioridad moral que lo distinguía del resto, especialmente de las generaciones políticas que los antecedieron y que hoy en día, se han transformado en un soporte del gobierno.
Pero, como todas las cosas, estos hechos permiten constituir las condiciones, si hay buena fe al efecto, para generar un amplio acuerdo de las fuerzas políticas en torno a un pacto fiscal que se haga cargo de la situación y que permita recaudar recursos para enfrentar demandas ineludibles.
El pacto fiscal a que nos invita el ministro de Hacienda debiera contemplar un debate constructivo y empático sobre los recursos necesarios para enfrentar las necesidades sociales de nuestros ciudadanos, que en cada ocasión de catástrofes naturales aparecen con una dramática evidencia, junto a medidas que permitan mayor inversión y crecimiento resolviendo nudos que frenan proyectos relevantes para la economía del país que se encuentran frenados tanto por nudos burocráticos de tramitación eterna y judicializados reiteradamente.
En este cuadro el proceso de necesaria modernización del Estado aparece como una parte relevante de este pacto fiscal. Se trata de acometer y hacerse cargo de resolver toda esa maraña de trámites, que lo único que hacen es entrabar las posibilidades de invertir en tiempo y forma los nuevos negocios.
Este proceso debe hacerse con los funcionarios públicos y no en contra de ellos como sugieren algunos. Chile tiene un servicio público que se destaca y que implica que un proceso de modernización del Estado debe contar con sus funcionarios y su experiencia.
En este cuadro, el proceso de modernización debe considerar todos los mecanismos de control y fiscalización que impidan que hechos como los conocidos recientemente y tantos otros que se vienen a la memoria, de modo que las relaciones entre privados y públicos permitan claridad y transparencia para toda la ciudadanía.
Así, si conjuntamente se acuerdan un conjunto de medidas modernizadoras en la gestión pública que permita un control oportuno y eficiente del uso de los recursos de y todos los chilenos, con un conjunto de medidas que controlen y sanciones la elusión y evasión de tributos de forma que se pague lo que corresponde por el sector privado, se encontraría una adecuada relación entre el control del uso de los recursos públicos con el control del pago de impuestos evitando que se evada su pago o que se eluda su cumplimiento.
Una relación virtuosa entre un eficiente y transparente control del uso de los recursos públicos y de asegurar su destino para enfrentar precariedades sociales y la configuración de instrumentos, dotando de facultades a los servicios pertinentes, para que los que deben pagar lo hagan en oportunidad y suficiencia, podría ser una parte relevante del pacto social al que el ministro invita.
De este modo, incorporar en un pacto social un acuerdo que involucre la necesidad de contar con los recursos financieros para dar seguridad a los chilenos y chilenas ante todo tipo de precariedades; con instrumentos para evitar la evasión y elusión de los tributos que se deben pagar sancionando tales inconductas; con medidas dirigidas a modernizar el Estado para hacer transparente y eficiente el uso de los recursos públicos; y para facilitar y desburocratizar las iniciativas y proyectos que se inician o que están en tramitación; todo esto en un marco adecuado que estimule la inversión y el crecimiento, parece ser un conjunto de contenidos imposibles de no considerar en este pacto.
Así se entiende la invitación formulada por el gobierno, y el mandato del ministro de Hacienda al respecto. No parece razonable, salvo intereses subalternos, y por el bien del país y sus habitantes, particularmente los más pobres, sustraerse a esta invitación, sobre todo por cuanto todos los invitados tienen algo relevante que aportar al entendimiento esperado.
Para los que aún tienen dudas, valdría ver las noticias sobre la catástrofe hídrica que hemos vivido, para hacer conciencia de esta necesidad y su urgencia. Para los que piensan que quedarse sólo en la denuncia y eventuales sanciones de los hechos de Antofagasta y otros que pudieran aparecer, es suficiente, deben reconocer que es esta una oportunidad para hacer algo más relevante para el país y sus habitantes.
