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Señor Director:
Las rectoras y rectores de las universidades que integran el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) advertimos sobre los riesgos que una eventual reducción de los aportes fiscales directos implicaría para la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal y su aporte estratégico al país.
Como autoridades académicas con presencia en todo el territorio nacional, compartimos la preocupación del Gobierno por el gasto público. Sin embargo, la aplicación de ajustes de carácter transversal en el Estado no resulta neutra en sus efectos.
En el caso de la educación superior estatal, menores recursos contravienen la necesidad estratégica de fortalecer la formación de profesionales de excelencia, la investigación y la innovación, especialmente en regiones donde nuestras universidades cumplen un rol insustituible en su desarrollo territorial, no solo en lo formativo, sino también en lo productivo, social, científico, cultural y patrimonial.
La actual configuración normativa del sistema de educación superior estatal -caracterizada por rigideces para la gestión eficiente de las instituciones y desventajas competitivas frente al sistema privado- limita significativamente nuestra capacidad de absorción de reducciones presupuestarias sin impactos sustantivos en el cumplimiento de nuestra misión legal y rol público.
Al respecto, la evidencia levantada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre barreras regulatorias y asimetrías competitivas entre universidades estatales y privadas constituye un insumo relevante que debe ser considerado en cualquier análisis orientado a mejorar la eficiencia del sistema.
Asimismo, valoramos la propuesta de establecer una moratoria para el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad. Esta medida se justifica no solo en el actual escenario de ajuste fiscal anunciado, sino también en la necesidad de revisar el crecimiento del sistema, en un contexto donde la expansión de la oferta privada no tradicional en educación superior —sin mecanismos equivalentes de regulación con la educación pública— ha incrementado la presión sobre el gasto fiscal, concentrando una proporción mayor de recursos públicos en entidades privadas.
En relación con otras iniciativas en discusión en la agenda sectorial, como el acortamiento de carreras o la revisión del régimen de títulos y grados, el CUECH manifiesta su completa disposición a participar en un debate técnico, basado en criterios objetivos, la experiencia acumulada y evidencia comparada, que permita resguardar la calidad formativa, la pertinencia de las trayectorias educativas y la autonomía universitaria como pilar democrático.
Finalmente, es importante destacar que, pese a las restricciones propias del marco normativo vigente, las universidades del Estado han continuado con avances sostenidos en los indicadores de acreditación de calidad, particularmente en el ámbito de la investigación, lo que las sitúa entre las mejores del país y valoradas internacionalmente por su excelencia académica. A la par, seguimos fortaleciendo constantemente el patrimonio público que pertenece a toda la nación.
Es evidente que cualquier disminución de los aportes basales o alteración en la estructura de aranceles regulados afectará de manera significativa la contribución estratégica del sistema de educación superior estatal al desarrollo económico, social y territorial del país.
Chile necesita más crecimiento económico y desarrollo humano, una meta imposible de lograr sin el aporte decisivo que ejercen actualmente las universidades estatales en todas las regiones del país.
Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH)
