El Servicio Local de Educación Pública (Slep) Santiago Centro, presentó una querella por ocupación ilegal, retención forzosa y amenazas en el Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago. Esto a raíz de hechos que habrían ocurrido este jueves 13 de agosto, en el que estudiantes se movilizaron al interior del recinto educativo.
La querella fue presentada contra quienes resulten responsables de la situación, donde integrantes del equipo directivo del liceo habrían sido retenidas al interior de dependencias del establecimiento. Según un comunicado emitido por el Slep, también se registraron situaciones de amenaza e intimidación.
“Frente a este escenario, se adoptaron medidas para restablecer las condiciones de seguridad dentro del establecimiento, incluyendo la oportuna intervención de Carabineros para proceder al desalojo cuando las circunstancias así lo requirieron”, dice el escrito al que tuvo acceso La Radio.
Clases presenciales suspendidas
A raíz de lo sucedido la mañana del pasado jueves, es que desde el Liceo 1 Javiera Carrera decidieron suspender las clases durante la tarde de aquella jornada y también del viernes 14 de agosto. Además, las clases se realizarán de forma telemática este lunes 17, martes 18 y miércoles 19.
En ese contexto, la directora ejecutiva del Slep Santiago Centro, Paulina Retamales, se refirió a que están apuntando a que los estudiantes vuelvan a las aulas de forma presencial.
“Nuestro foco ahora es recuperar las clases. No queremos que hechos como los ocurridos terminen afectando el derecho a la educación de las estudiantes. Por eso hemos dispuesto temporalmente clases online y estamos trabajando para recuperar las condiciones que nos permitan volver a la presencialidad de manera segura y en el menor plazo posible”, finalizó.
El director nacional de la Dirección de Educación Pública (S), Pedro Larraín, manifestó rechazo a que este tipo de situaciones se lleven a cabo en contextos escolares.
“Este tipo de hechos no son tolerables en ningún contexto escolar. Retener por la fuerza a integrantes de un equipo directivo, amenazar o intimidar son actos de violencia que vulneran gravemente la convivencia”.
“La educación pública necesita recuperar con fuerza su propósito fundamental: que las y los estudiantes aprendan, y para eso es indispensable respetar la autoridad pedagógica”, agregó.