Seis meses después del denominado “bencinazo”, el presidente José Antonio Kast firmó un proyecto que extiende ayudas a pescadores, taxis colectivos y transporte escolar.
Y aunque el Mandatario defendió el actuar del Gobierno, admitió que esperaba que el conflicto en Medio Oriente “durara menos”.
Algunos gremios valoraron la eventual extensión de beneficios, pero piden recalcular los montos asociados.
En tanto, los camioneros se declararon en alerta y no descartarían un paro nacional.
Gobierno busca extender beneficios
“No esperábamos que el conflicto durara tanto”.
Eso, fue parte de las palabras que acompañaron el discurso del presidente José Antonio Kast al anunciar ayer la extensión de beneficios para pescadores artesanales, el transporte público menor —como los taxis colectivos— y el transporte escolar ante el alza sostenida de los combustibles.
El jefe de Estado defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde un inicio, medidas que tuvieron y siguen teniendo un importante costo político.
Y así señaló que, frente a la alternativa de aumentar el endeudamiento del país, se optó por mantener una política de mayor control sobre los recursos públicos.
Palabras similares emitió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien adelantó que la variación de precios que dará a conocer la Enap esta tarde se mantendrá en línea con lo que hemos visto las últimas semanas.
El jefe de la billetera fiscal que, en reiteradas oportunidades ha sido tildado de “indolente” por la oposición, comentó que empatizan con la ciudadanía y que gracias al ordenamiento fiscal han podido mitigar estos impactos.
Camioneros en alerta
Pero la molestias y los costos políticos podrían pasar factura.
El presidente de la Confederación de Taxis y Colectivos de Chile, Héctor Sandoval, señaló que valoraban el anuncio, pero que los montos asociados que esperan puedan discutirse en el Congreso se recalculen, porque la realidad cambió.
El proyecto presentado por el Ejecutivo amplía el beneficio mensual de $100.000 para propietarios de taxis, taxis colectivos y transporte escolar hasta diciembre de 2026.
Los camioneros, por su parte, manifestaron no estar nada contentos.
El lunes tuvo lugar una reunión con los representantes de las confederaciones más grandes a nivel nacional y delinearon un nuevo petitorio:
1. Que cuando suba el diésel, el aumento se traspase automáticamente a quien contrata el flete, y que eso quede obligado por ley. El ingreso con máxima urgencia del respectivo proyecto de ley sin dilaciones a la mesa técnica con los gremios representativos para su redacción y despacho parlamentario.
2. Restitución formal del MEPCO según la ley vigente: El cese inmediato de interpretaciones discrecionales por parte del Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Energía.
3. Eliminar el recargo artificial sobre el componente variable del diésel que hoy grava al gremio con cerca de $100 por litro adicionales.
En paralelo, desde la Asociación Nacional de Buses Interurbanos expresaron a través de un comunicado que, además del incremento en las tarifas que han debido traspasar a la ciudadanía, han tenido que reducir entre un 10 y un 12% su oferta de servicios.
Por todo, los gremios han llamado al Gobierno a incluirlos de forma inmediata en las mesas de diálogo.
También, se han comprometido a evitar llegar a medidas drásticas como paralizar sus servicios, pero advirtieron que el alza de los combustibles podría traducirse en un problema también de carácter laboral y que si el problema escala, sí aplicarán medidas más drásticas.
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