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La Corte Suprema dejó en acuerdo la resolución de los recursos presentados por el Ministerio Público y la defensa del abogado José Ramón Correa en una causa derivada del caso Audio, centrada en la legalidad del allanamiento en su domicilio y oficina, previamente declarado ilegal por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Fiscalía argumenta que Correa era imputado al momento del allanamiento, por lo que las especies incautadas son válidas para la investigación, mientras que la defensa pide que la Corte Suprema decida sobre la validez de las especies incautadas sin devolver el caso al tribunal de garantía.

La Corte Suprema dejó en acuerdo la resolución de los recursos presentados por el Ministerio Público y la defensa del abogado José Ramón Correa, en una causa derivada del denominado caso Audio.

La discusión no apuntó al fondo de la investigación, sino a la legalidad del allanamiento realizado en el domicilio y oficina del abogado, diligencia que fue declarada ilegal por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Fiscalía recurrió ante el máximo tribunal buscando revertir esa decisión. Su argumento es que José Ramón Correa sí tenía la calidad de imputado al momento del allanamiento, por lo que la diligencia se ajustaba a derecho y las especies incautadas pueden seguir siendo utilizadas en la investigación.

Además, el fiscal Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, dijo que la resolución de la Corte de Apelaciones contiene errores de derecho que justifican su revisión.

Defensa pide definición sobre especies incautadas

Por su parte, la defensa insistió en que el debate de este jueves fue exclusivamente procesal y recordó que la Corte de Apelaciones acogió por unanimidad su planteamiento, al concluir que la entrada y registro carecieron de la debida fundamentación.

El abogado Claudio Fierro explicó que el único punto que motivó el recurso de su parte fue que la Corte Suprema resolviera de manera definitiva el destino de las especies incautadas, sin devolver esa discusión al tribunal de garantía.

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Arista Sartor

La investigación se enmarca en el denominado caso Sartor, que indaga presuntas irregularidades en la administración de fondos de inversión. En esa causa aparece el abogado José Ramón Correa, quien además ha sido asesor del expresidente de la concesionaria Azul Azul, Michael Clark.

Precisamente, el allanamiento a su domicilio y oficina buscaba incautar antecedentes vinculados a esa investigación, diligencia que la Corte de Apelaciones declaró ilegal y cuya validez ahora deberá resolver la Corte Suprema.