Un gendarme se entregó al Departamento de Investigación Criminal de la misma institución, tras la denominada “Operación Apocalipsis“, cuyo objetivo fue desbaratar una red de corrupción carcelaria que operaba en los penales de Santiago 1 y San Joaquín. Con ello, la cifra de funcionarios detenidos ascendió a 45, incluyendo los que tenían ordenes vigentes y en otros en flagrancia.
La entrega del involucrado, identificado como Juan Gutiérrez Acuña, elevó a 67 el total de detenidos tras el masivo operativo.
En cuanto a los gendarmes vinculados a la red de corrupción, aún resta uno por capturar, en el marco de las 42 órdenes de detención emitidas a funcionarios. En total, 45 funcionarios de la institución han sido detenidos en el marco de la operación, que derivó en allanamientos en las regiones Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins.
Entre los funcionarios de Gendarmería detenidos hasta ahora, cuatro fueron aprehendidos por delitos flagrantes al interior del penal Santiago 1.
Un gendarme más detenido tras la caída de la red de corrupción carcelaria
Gutiérrez Acuña se suma al amplio grupo de imputados que será formalizado este viernes 19 de diciembre ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos investigados de agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho —simple y agravado— y soborno.
Cabe recordar que se estableció que los gendarmes recibían pagos de grupos criminales para permitir la entrada de “manillas“. Estas personas se dedicaban a introducir especies al penal, tales como teléfonos, drogas, alcohol, chips, ropa, comida y otros artículos prohibidos.
A raíz de este caso, el presidente Gabriel Boric anunció una profunda reforma a Gendarmería, separando las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Así, Gendarmería pasará a ser una institución dependiente del Ministerio de Seguridad Pública.
Esto generó la reacción de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), que expresó su “más profundo repudio y rechazo” al anuncio. En ese sentido, criticaron la decisión adoptada y cuestionaron que no hubo un proceso previo de diálogo con las y los trabajadores penitenciarios.
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