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La Municipalidad de Lo Barnechea acusa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por retraso en pagos de subsidios a 144 familias del ex campamento Juan Pablo II, poniendo en crisis habitacional a los afectados y exponiéndolos a desalojos. Aún quedan 240 familias en espera del proyecto habitacional para radicar el terreno donde vivían. La interrupción del subsidio de traslado ha dejado a 144 familias sin ese apoyo, siendo complementado insuficientemente por el municipio. Las obras del proyecto habitacional enfrentan dificultades financieras, con estados de pago pendientes y posibles sobrecostos por mecanismo de confirming. La falta de liquidez del Serviu amenaza la estabilidad financiera de la empresa constructora y la continuidad de las obras, sumado a una posible reducción de recursos en el Presupuesto 2026.
Este jueves, la Municipalidad de Lo Barnechea apuntó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el retraso de pagos de subsidios a 144 familias del ex campamento Juan Pablo II.
Esta situación ha sumido a las familias en una crisis habitacional que expone a los afectados a desalojos debido al incumplimiento de pago en sus viviendas arrendadas.
Más de 100 familias afectadas
En Lo Barnechea aún permanecen alrededor de 240 familias que formaban parte de este histórico campamento. Actualmente, las familias están en la espera del proyecto habitacional que busca radicar el terreno por el que habitaron por años.
El problema se origina en la interrupción del Subsidio de Traslado Transitorio (8 UF mensuales) que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Metropolitana (Seremi Minvu) otorgó a 212 familias registradas en el catastro de Asentamientos Precarios en 2018.
Sin embargo, este año 144 de ellas dejaron de recibir este monto y según detallan desde Lo Barnechea, el municipio complementa este subsidio con un aporte mensual de $70.000 por familia, monto que entregan regularmente, pero que resulta insuficiente para cubrir el costo de los arriendos.
El proyecto habitacional busca la radicación definitiva de 240 familias en el terreno y, si bien las obras de las etapas II y III comenzaron en abril de este año con un avance físico del 15,76%, el progreso se ve amenazado por las dificultades financieras del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
Respecto al avance financiero, según el municipio, hasta la fecha se han tramitado cinco estados de pago a la empresa constructora, uno fue pagado parcialmente y el último se encuentra pendiente de autorización por el Serviu para su facturación.
El mecanismo confirming generaría sobrecostos
Estos pagos se han realizado a través del mecanismo “confirming” con BancoEstado. Este mecanismo permite a la empresa constructora optar por un pago anticipado y obliga a la empresa a asumir el costo de una tasa de descuento.
De acuerdo al municipio, el interés por este mecanismo representa un gasto financiero no contemplado en la valorización inicial del proyecto. En proyectos con financiamiento ajustado como este, la municipalidad señaló que no existe disponibilidad para cubrir dichos gastos imprevistos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y la continuidad de las obras.
Por otro lado, también está la opción de que la empresa espere el vencimiento de la factura para recibir el pago completo por parte del Serviu.
Inclusive, Lo Barnechea indicó que, pese a la existencia de la Ley de Pago a 30 días, el organismo no ha cumplido con los tiempos establecidos con la constructora, argumentando falta de liquidez para financiar los compromisos adquiridos.
Bajo este contexto, la municipalidad dijo que surge la interrogante sobre si la cartera de Vivienda estará a la espera de la aprobación del Presupuesto 2026 para responder a sus obligaciones con BancoEstado.
Esta situación se agrava al considerar que el Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público 2026 contempla una reducción de casi un 50% de los recursos y unidades del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
Considerando este escenario, la administración administrada por Felipe Alessandri, considera que la suspensión del subsidio y la falta de soluciones habitacionales no solo es un drama social para las familias afectadas, sino que también es un riesgo frente a nuevas ocupaciones ilegales y la instalación de campamentos provisorios, mientras se espera la restitución de recursos por parte del Serviu y la concreción del proyecto.
