Un grupo de alcaldes oficialistas realizó una petición al fiscal Ángel Valencia, la que dicen beneficiará la seguridad de sus comunidades.
Alcaldes oficialistas de la región Metropolitana solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que se pueda pedir la destinación provisional de las “casas narco”. Esta iniciativa, según aseguraron diferentes jefes comunales, beneficiaría la seguridad de la comunidad.
Fueron 12 jefes comunales los que se reunieron este lunes para exigir que se instruya a cada fiscal que, en un trabajo colaborativo con las municipalidades, se pueda pedir la destinación provisional ante tribunales, de las casas vinculadas al narcotráfico.
La solicitud fue realizada al fiscal nacional, Ángel Valencia, con el propósito de que estas “casas narco” puedan ser utilizadas en beneficio de los municipios.
La medida comenzó a ganar interés por parte de diversos jefes comunales después de que, en Cerro Navia, el tribunal entregara al municipio una casa vinculada a estos ilícitos, esto durante el transcurso de la investigación.
El alcalde de la comuna, Mauro Tamayo (independiente), señaló que durante 30 años en esta vivienda se traficaron drogas y, después de la decisión del tribunal, ahora es un espacio de seguridad y plan del cuadrante municipal.
El jefe comunal agregó que esa medida apura el tranco de seguridad en beneficio de la comunidad, ya que aseguró que ninguna institución del Estado puede efectuar este trabajo como las municipalidades.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), afirmó que el tráfico de drogas trae problemas secundarios que perjudican a los barrios, y que no permiten que el sector esté tranquilo, como la utilización de armas, fuegos artificiales, entre otros.
Además, aseguró que estas casas pueden ser utilizadas para distintas índoles en beneficio comunitario.
Por su parte, el jefe comunal de San Ramón, Gustavo Toro (DC), señaló que estas iniciativas, además de ser valorables, son transversales por todos los alcaldes, independiente del partido político.
Sobre la petición de parlamentarios de oposición de decretar Estado de Excepción en la región Metropolitana, ante la crisis de seguridad, los alcaldes evitaron entregar una postura, asegurando que como grupo no han establecido una posición común en esta materia.
