En la formalización de los dos detenidos por el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía Centro Norte reveló que los aparatos robados fueron trasladados en Uber tras el ilícito.
La Fiscalía Centro Norte reveló en la formalización de los dos detenidos por el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, que los delincuentes utilizaron un Uber para trasladar los 23 computadores robados.
Así lo señaló la fiscal María José Grez, quien reveló que el conductor del vehículo se acercó a una unidad de la PDI para entregar su testimonio.
La persecutora comentó que dicho chofer también fue engañado y solo se enteró de que había sido un robo al ver la televisión durante la mañana del jueves.
Según el testimonio del conductor, se le solicitó un viaje por la appp bajo la modalidad Uber Cargo, que permite trasladar objetos de un punto a otro sin la necesidad de llevar un pasajero.
Fue así como llegó al Ministerio de Desarrollo Social para trasladar los computadores hacia Renca, recibiendo los aparatos que venían en bolsas.
Transferencia clave
El conductor tomó los notebooks y los trasladó hasta el pasaje Río Cachapoal. Según dijo la fiscal Grez, allá lo esperaba la mujer Elena Rojas Crespo (60), quien recibió los aparatos y le pagó $8.770 mediante transferencia bancaria.
Dicha transferencia fue clave, señaló la persecutora, ya que así se logró dar con la identidad de Rojas, abuela de Miguel Ángel Apablaza Suárez (24), sindicado como el autor intelectual del robo.
La mujer prestó declaración y dijo que ella recibió las bolsas a petición del delincuente, luego que la llamara para pedirle recibir una encomienda.
Apablaza cumple condena en la Cárcel de Puente Alto, desde donde habría organizado el ilícito y también habría efectuado el llamado donde se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson, para pedir a un guardia que entregara los computadores.
Para Apablaza se pidió prisión preventiva anticipada por el delito de robo, ya que actualmente se encuentra cumpliendo condena hasta 2027. Mientras que para Rojas, por su colaboración prestada en la indagatoria, se pidió arresto domiciliario total por el ilícito de encubrimiento.
