Diego Martin | Agencia UNO
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El proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que la inmobiliaria Fundamenta pretende edificar en el sector de plaza Egaña en Ñuñoa, podrá reactivarse luego que el SEA revirtiera una decisión del Gobierno que obligó a paralizar las obras.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el millonario proyecto y polémico Egaña Comunidad Sustentable, revirtiendo un fallo que había paralizado la construcción de la iniciativa.
Fue en abril pasado cuando la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región Metropolitana, liderada por la delegada presidencial Constanza Martínez, rechazó la construcción del conjunto de cuatro edificios resistido por vecinos del sector de plaza Egaña en Ñuñoa.
De esta forma, se paralizaron las obras del proyecto de la empresa Fundamenta que tiene una inversión de 300 millones de dólares, las que ya se habían iniciado porque en mayo de 2019 se había obtenido el permiso ambiental. Esto motivó protestas de los obreros que participaban de la edificación de las torres.
Ante ello, la compañía presentó un recurso de reclamación para volver a construir la obra. A juicio de la directora del SEA, Valentina Durán, la Coeva se extralimitó en sus atribuciones.
Según informó La Segunda, el fallo de 30 páginas estableció que el proyecto no tendría visos de ilegalidad y que los antecedentes presentados por Fundamenta descartan “afectación significativa en los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos urbanos, considerando la normativa urbanística”.
Rechazó argumentos
Los reclamantes, entre ellos la Municipalidad de Ñuñoa liderada por la alcaldesa Emilia Ríos, apuntaban contra la sombra que generarían las torres del proyecto.
Al respecto, el fallo del SEA señaló que “como normativa ambiental aplicable, en el sentido que ésta considera límites mínimos de iluminación, llegada de sol directo, y efecto sombra por predio, y la posible afectación del proyecto en los predios vecinos, e incorporando la latitud del sector para este análisis, siendo suficiente para el descarte de posibles impactos”.
La decisión puede ser apelada en 30 días ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Igualmente, aún está pendiente conocer una decisión de la Corte Suprema sobre el proyecto, la que ya estaría en acuerdo.
