La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aplicó dos millonarias multas a Metro, cuyo monto supera los mil millones de pesos, debido a la obras de construcción y la operación de las líneas 3 y 6. Desde la firma se encuentra analizando una posible respuesta al estamento.

Dos millonarias multas aplicó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a Metro, debido a la obras de construcción y la operación de las líneas 3 y 6, cuyo monto asciende a los $1.065 millones.

Las multas en cuestión, fueron concretadas tras dos procesos sancionatorios que tuvieron su génesis tras denuncias de vecinos y distintos alcaldes, informó La Segunda.

En ese sentido, una de ellas se debe a ruidos molestos -tanto de noche y de día- durante las obras de construcción de las líneas ya mencionadas, los que fueron denunciados por “12 condominios, edificios, y los alcaldes de Providencia, San Miguel y La Reina desde 2013 a 2017”, derivando en una multa de 1.006 UTA ($662 millones).

Esto último, debido a ocho cargos, entre los que se encuentran superación de normas de ruido, incumplimiento de medidas de mitigación de ruido en el sector de la Plaza de Armas, problemas en procesos constructivos y hallazgos arqueológicos no avisados.

Asimismo, el segundo proceso sancionatorio corresponde a “las vibraciones generadas por el paso del tren subterráneo de la Línea 6, que une las comunas de Cerrillos y Providencia”, la que se inauguró en 2017.

Debido a ello, se recepcionaron por parte de la SMA “ocho denuncias de condominios de edificios, de casas y vecinos de Providencia, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda principalmente en 2018”, desembocando en una multa de 612 UTA ($403 millones).

Por su parte, desde Metro señalaron que fueron notificados de las determinaciones, por lo que se encuentra analizando la posibilidad de responder a la Superintendencia de Medio Ambiente, agregando que han “cumplido permanentemente con la norma de vibraciones establecida en la Resolución de Calificación Ambiental”.

Finalmente, se precisó que Metro cuenta con un plazo de cinco días hábiles para reclamar ante el estamento ambiental o 15 para apelar al Tribunal Ambiental de Santiago.