Al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía fueron derivados los antecedentes recopilados por la Contraloría, luego de que el organismo de control descubriera que un concejal de Huechuraba autorizó un contrato en favor del tío de su hijo y hermano de su expareja. La idea del municipio era dotar de vehículos a la municipalidad de esa comuna, pero se terminó detectando la irregularidad que hoy deberá ser investigada por el Ministerio Público. "Yo muy tranquilo me encuentro porque considero que no cometí ninguna ilegalidad, (...) no tengo parentesco con grado sanguíneo con la persona que está prestando un servicio", se defiende el edil. El documento lo revela la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Un concejal de Huechuraba autorizó pactar el arrendamiento de vehículos con dineros municipales a una empresa que pertenece al tío de su hijo y hermano de su expareja. Los excesivos gastos por concepto de arrendamiento de vehículos en la comuna dieron paso a una indagatoria cuyos resultados terminarán en la justicia.
Los hechos constan en una auditoría de 68 páginas liberado recientemente por la Contraloría en la que también se detalla que el edil no se inhabilitó y que incluso presidió el concejo al momento de tomar la decisión.
El informe final de la investigación realizada por el órgano fiscalizador es concluyente y permitió comprobar la situación reñida con los principios de probidad, que ahora deberá ser investigada por la Fiscalía, sin perjuicio de que los antecedentes también fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Lea el informe final
Todo entre parientes
La auditoría en cuestión tuvo como finalidad verificar las medidas de control al uso, circulación y custodia de vehículos municipales, así como al proceso de contratación, recepción y pago de servicios de arriendo de vehículos, efectuados por la Municipalidad de Huechuraba durante 2020.
De acuerdo al documento al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, en una sesión de junio de 2019 el Concejo Municipal autorizó la adjudicación de una propuesta pública por la contratación del servicio de arriendo de móviles a nueve oferentes, uno de los cuales está vinculado a uno de los ediles.
El miembro del Concejo señalado por Contraloría es Leonardo Igor Bustamante del Partido Socialista (PS), quien con su voto dio curso a la adjudicación de los servicios que posteriormente se formalizaron mediante un decreto alcaldicio.
Según concluye el informe, gracias a los datos proporcionados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, se comprobó que uno de los oferentes es hermano de una mujer (no identificada en el documento) quien registra un hijo en común con el aludido concejal. Razón suficiente -a juicio del órgano contralor- para que el edil se hubiese abstenido de participar en la votación.
El contrato en cuestión hablaba de un pago mensual al oferente de $1 millón mensual durante 2 años, por el concepto de arrendamiento de vehículo al municipio.
“Así la situación descrita, implica una vulneración al principio de probidad administrativa, el que se encuentra consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República”, reza el escrito de Contraloría.
En respuesta a las observaciones el director de asesoría jurídica del municipio indicó a la Contraloría que en estricto rigor el concejal no estaba legalmente imposibilitado de participar del proceso licitatorio, considerando la normativa vigente sobre probidad administrativa que habla de relaciones de parentesco hasta en tercer grado de consanguinidad.
Pese a ello, el organismo fiscalizador anunció que enviará los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y al Consejo de Defensa del Estado.
“Me siento muy tranquilo”
El aludido concejal en diálogo con BioBioChile realizó sus descargos, dijo encontrarse muy tranquilo e indicó que siente que la investigación tuvo su origen en una movida política.
“No es una empresa (la beneficiada), es una persona natural que tiene efectivamente un parentesco con mi hijo. Es su tío. Yo ingresé hace 8 años a ser concejal acá y esta persona (el oferente) presta servicios al municipio desde antes. Yo no tengo contacto con esta persona… a nosotros nos pasaron una propuesta de oferentes que son personas naturales. Acá no se beneficia directamente a una sola persona”, remarcó el edil.
Asimismo, especificó que no tiene ningún tipo de contacto con la persona beneficiada y que desde hace muchos años él no tiene relación con la madre de su hijo, quien se encuentra felizmente casada con otro funcionario municipal desde hace más de 10 años.
“Yo muy tranquilo me encuentro porque considero que no cometí ninguna ilegalidad, primero porque no tengo parentesco con grado sanguíneo con la persona que está prestando un servicio (…) Yo no consideré en el momento inhabilitarme ni mucho menos no referirme al tema, yo aprobé la licitación y es ahí donde la Contraloría hace la observación. En mi rol de concejal di continuidad a un contrato”, sostiene el concejal socialista.
Por último, la autoridad municipal adelantó que se pondrá a la absoluta disposición de la justicia, aportando todos los antecedentes necesarios para comprobar su inocencia. En paralelo, indicó que estudia acciones legales en contra de personas que estarían realizando hostigamiento político en su contra.
