La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, reafirmó que el caso de la tercera vacuna contra la COVID-19 registrada en la Clínica Las Condes “no fue un error, sino una intención”.
Durante el balance con respecto a la pandemia por covid en el país, las autoridades fueron consultadas por el documento enviado desde la Clínica Las Condes a la Seremi de Salud Metropolitana pidiendo dejar sin efecto el sumario en su contra afirmando que han “cumplido con la normativa sanitaria vigente”.
Sin embargo, Martorell soslayó que “aquí estamos enfrentando una situación distinta. Una persona que llega a exigir una vacuna, saltándose la fila como se ha indicado, y no solo eso, sino que además se apropia un bien que es del Estado“.
“En este caso no hay un error, sino una intención de ponerse una vacuna. Desde la perspectiva del Gobierno, hay una intención de apropiarse —insisto— de un bien del Estado, para eso reviste características de delito penal”, agregó la subsecretaria.
Por lo anterior, el Gobierno presentó una denuncia a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) a la Fiscalía Oriente, luego de que se diera a conocer que el presidente del directorio del recinto, Alejandro Gil, obligara a una enfermera a inocularlo con una tercera dosis de la vacuna Pfizer, luego de haber completado su calendario de inoculación con la vacuna Sinovac.
Por ello, Martorell recordó que “así como las vacunas le corresponden al Estado, estas vacunas —Pfizer— estaban destinadas a niñas, niños y adolescentes según el calendario de vacunación”.
