El Gobierno insistió en que los internos condenados e imputados por bombas y delitos terroristas, que iniciaron una huelga líquida indefinida, son presos comunes y no políticos como se autodenominan.

Fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien fue consultado por los internos que comenzaron ayer la huelga. La autoridad insistió en que son presos comunes y no políticos, como se autodenominan.

Son en total 9 los internos de cárceles de Santiago, que ayer iniciaron una huelga de hambre líquida indefinida, con el objetivo de que la libertad condicional sea un derecho y no un beneficio y que disminuyan los requisitos para optar a ella.

Entre los internos se encuentran Mónica Caballero y Francisco Solar, quienes están en prisión preventiva tras ser formalizados por el envío y colocación de artefactos explosivos en por lo menos 4 hechos. Entre ellos, en la comisaría de Huechuraba y al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

También está Marcelo Villarroel, condenado por robo, asociación ilícito terrorista y homicidio calificado terrorista. Todo esto tras la muerte del cabo Luis Moyano luego de un asalto al banco Security en 2007.

Y por último Juan Flores, condenado por ser el autor del atentado explosivo que ocurrió en 2014 en el Subcentro del Metro Escuela Militar, entre otros.

Galli enfatizó que, detrás de una bomba no hay ideas políticas, está solo la intención de hacer daño y de matar.

La abogada Fernanda Bühler, defensora penal pública que representa a Mónica Caballero, explicó a La Radio que la imputada no inició huelga líquida por su condición procesal, sino por el decreto ley 321 que regula los requisitos de la libertad condicional. Además, sostuvo que espera que gendarmería tome los resguardos para proteger la salud de la formalizada.

Los internos que comenzaron la huelga están recluidos en la Unidad Especial de Alta Seguridad, Santiago 1, Centro penitenciario femenino de San Miguel,