El próximo 8 de diciembre se cumplen 10 años de la tragedia penitenciaria que impactó al país. Un incendio que se originó tras una riña cobró la vida de 81 reclusos y dejó en evidencia el hacinamiento, la falta de personal y de protocolos para abordar este tipo de emergencias.
Tras una década, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado indemnizar en más de $3.700 millones a las familias de las víctimas y los sobrevivientes del siniestro.
La situación se produjo en la madrugada del 8 de diciembre de 2010, cuando internos de la cruceta 5, en el cuarto piso, comenzaron a ingerir alcohol artesanal, propiciándose una pelea entre tres hombres aproximadamente a las 5:32 horas. En ese contexto, fue que uno de ellos decidió prender fuego utilizando un cilindro de gas.
Horas claves
En el sector habitaban 71 internos en el cuarto sur y 75 en el norte. El conflicto tenía por objeto desalojar a quienes dormían en una pieza chica, entre ellos al interno Patricio Torres, quien tratando de huir se refugió al fondo del colectivo, pero debió salir del lugar porque con un lanzallamas artesanal incendiaron un colchón bajo el cual se refugiaba; minutos después, a las 05:35 horas, dos internos lanzan el colchón encendido contra una litera de tres camas ubicada a la entrada de dicha habitación.
Dicha acción derivó en la combustión de las telas que los internos usaban para separar las camas y debido al gran hacinamiento fue en cosa de segundos que el fuego rodeara las celdas.
A las 05:36 horas se efectuó la primera alerta por parte del funcionario de la garita N°3, dando cuenta de una riña y pidiendo refuerzos armados.
Minutos más tarde, a las 5:42 horas, tres funcionarios traspasaron la tercera reja en dirección al pasillo sur, en donde estaba ubicada la cruceta 5. En esta ocasión trataron de abrir los dos candados existentes en las rejas del colectivo sur, objetivo que se cumplió sólo en relación a uno. Luego, arribaron con un IFEX (sistema de extinción por impulsos) recién a las 5:46, el que es disparado hacia el candado superior con el objeto de enfriarlo y proceder a abrirlo, sin embargo, aquellas maniobras no prosperaron, y sólo lograron abrir un espacio, zona por donde lograron salir los 5 internos, los que corresponden a los sobrevivientes del cuarto sur.
Reo avisa a Bomberos
El primer llamado a bomberos se produce a las 5:48 por parte de un interno. A esa misma hora llegaron al lugar 11 funcionarios de apoyo de Gendarmería, pero ninguno de ellos fue provisto del equipo pertinente.
Los voluntarios ingresaron al sector de patio de carga a las 6:00 horas, comenzando las labores de apertura de los candados del cuarto norte a las 6:10, permitiendo el ingreso de los sobrevivientes al patio de la cruceta 5 a las 6:23 horas, es decir casi 50 minutos después de iniciado el fuego. Así, recién a las 6:30 horas comenzaron la extinción del fuego.
Por el siniestro resultaron fallecidos 81 reclusos, de los cuales 66 habitaban en el ala sur de la cruceta 5 y 15 del ala norte, sector donde además 13 sufrieron lesiones de diversa consideración.
Las muertes fueron por intoxicación de gases de incendio o por inhalación de monóxido de carbono, sumado a la acción directa del fuego, que calcinó sus cuerpos.
Los cuestionamientos a Gendarmería
Por estos hechos, se dio origen a un procedimiento penal en contra de los funcionarios de Gendarmería que estaban de turno dicha jornada. Investigación que concluyó en una sentencia absolutoria.
En concreto, acusaron a la institución por el hacinamiento, excesivas horas de encierro de la población penal, ausencia de vías de evacuación, escaso personal en relación al número de internos, permisividad con elementos combustibles, falta de extintores e implementos para el combate del incendio y falta de capacitación respecto al control del fuego y manipulación de elementos preventivos.
También aseguraron que los funcionarios que se encontraban en las garitas, los centinelas perimetrales, desatendieron los ruidos de la riña y gritos de auxilio, y que al momento del siniestro no contaban con la vestimenta y elementos adecuados.
Lo que quedó en evidencia porque “gran parte de la dotación de apoyo permaneció en el área de descanso del piso 3 y 4, ya que el calor en el piso del siniestro no era soportable”.
De igual forma, se precisa en el fallo que “llama la atención la tardanza con la que se llevó a cabo el rescate de los internos del ala norte, pues tal pareciera que nadie fue capaz de advertir -en un primer momento- que la vida de éstos estaba en peligro, procediéndose a su rescate sólo una vez abandonada las labores de rescate de los internos del área sur; tal circunstancia a falta de un plan de contingencia claro”.
“La tardanza aludida, agravó el pesar de quienes demandan, ya que del total de fallecidos 50 cuerpos resultaron carbonizados, hecho que retardó el reconocimiento de los cuerpos, ocasionando una traumática despedida para muchos de sus familiares”, agregan.
Hacinamiento
De acuerdo al Informe de Evaluación de Condiciones de Seguridad y Protección CDP San Miguel, elaborado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se desprende que, al momento de los hechos, el recinto penitenciario contaba con 1956 internos, no obstante que su diseño original estaba orientado a albergar a 800 personas, determinándose que en la torre 5, sector sur y norte, los porcentajes de hacinamiento eran de 295% y 312% respectivamente.
Es decir, había 71 internos en un espacio de no más de 142 metros cuadrados.
Asimismo, se estableció que en el periodo desde las 17:00 horas a las 8:00 horas, los internos no eran custodiados al interior de sus habitaciones y tampoco en espacios próximos a ellas, por lo que era habitual escuchar ruidos durante la noche, los que incluso eran percibidos por los vecinos del sector.
Respecto a las condiciones que favorecieron el colapso de la torre 5, detallaron que los reclusos mantenían muebles de madera para guardar sus enseres, sillas plásticas para recibir a visitas y era habitual que hicieran fuego en los baños de las habitaciones para cocinar en los horarios de encierro. A esos elementos combustibles, se sumó que las vías de evacuación existentes tenían puertas metálicas que estaban cerradas con candados.
De igual forma, cumplió un rol determinante la gran cantidad de cilindros de gas en el piso 4.
“No me interesa la plata”
Tras conocer la noticia de la indemnización a los familiares de las víctimas (72) y los sobrevivientes (13), algunos de los implicados evalúan apelar a la resolución, calificando la medida como una burla.
Acusan que en estos 10 años no han recibido ninguna ayuda por parte del Estado, ni psicológica ni social, y que nos les interesa recibir migajas, así lo indicó César Pizarro.
Cuestionamientos a los que también se sumó la madre del joven que estaba cumpliendo condena por vender CDs piratas en San Bernardo.
“No me interesa la plata, no me interesa nada. Mis hijos han sufrido una enormidad y a la más chica le ha tocado ver todo mi proceso. No espero nada de nada y sigo sin esperar nada”, afirmó.
