Luego que el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenara al Estado pagar más de $3.700 millones de indemnización a las familias de los reos que murieron en incendio que afectó a la Cárcel de San Miguel. Resolución que fue cuestionada por los parientes.
El siniestro se registró el 8 de diciembre de 2010, cuando una riña entre internos donde manipularon un cilindro gas, lo que derivó en un siniestro que causó la muerte de 81 reclusos.
Pese a que algunos gendarmes intentaron abrir las celdas, fueron 81 los privados de libertad que murieron asfixiados y calcinados.
César Pizarro, familiar de uno de los fallecidos, catalogó como una burla, una vergüenza la resolución.
Según indicó son varios los que apelarían a la sentencia dictada por magistrada Carolina Ramírez Reyes y que contempla tanto a los familiares de los fallecidos (72) como a los sobrevivientes de la emergencia (13).
La jueza estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio y ordenó el pago de una indemnización total de $3.791.500.000, distribuidos en montos que van desde $3.000.000 a $112.000.000, según el grupo familiar o afectado.
Por parte, el abogado de algunos familiares, Carlos Quezada, enfatizó que cree que el CDE también apelará.
Es preciso indicar que el fallo es en primera instancia, por tanto, puede ser apelado por el Consejo de Defensa del Estado.
En la arista penal, el Ministerio Público imputó a ocho gendarmes la figura penal de cuasidelito de homicidio, sin embargo, tras el juicio, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, absolvió a los funcionarios. Resolución que luego fue confirmada por la ICA de San Miguel y por el máximo tribunal.
