El 8 de diciembre de 2010 cambió la vida de 81 familias, correspondientes a las víctimas fatales del incendio producido tras una riña en la cárcel de San Miguel. Entre ellos, el caso más emblemático es el del joven que estaba preso por vender CDs piratas y que sólo le restaba un mes para salir en libertad.
Recientemente, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado pagar más de 3.700 millones de indemnización a los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del siniestro. La resolución tomó por sorpresa a la madre de Bastián, Marcela Arriaga, quien indicó que no le interesa el dinero, porque nada le devolverá a su hijo.
La mujer relató que “durante todo este tiempo he tratado de salir adelante, trabajando con la pena siempre presente porque nunca voy a olvidar a mi hijo, pero dejándola un poco escondida”, consignó LUN.
Preso por vender CDS
Bastián tenía 22 años cuando fue condenado a pena efectiva por infracción a la ley de propiedad intelectual, al vender CDs piratas como vendedor ambulante en San Bernardo. Llevaba 27 días como reo y solo le restaban 34 para recuperar su libertad, sin embargo, una riña y el uso de un cilindro de gas derrumbó sus sueños y el de su familia.
“He perdido varios trabajos porque me derrumbo a veces. De hecho cerré todo lo relacionado con la justicia. La borré de mi cabeza”, afirmó su madre.
“No me interesa la plata”
Por lo anterior, es que desconocía que la resolución de la jueza Carolina Ramírez Reyes estableció que a ella y sus hijos les corresponden $45 millones. “No me interesa la plata, no me interesa nada. Mis hijos han sufrido una enormidad y a la más chica le ha tocado ver todo mi proceso. No espero nada de nada y sigo sin esperar nada”, afirmó tras conocer el fallo en primera instancia.
Argumentó que su hijo “nunca debió morir en ese lugar. A Bastián lo detuvieron por vender CDs en la calle, le pasaron una multa, no fue a firmar y por eso lo encerraron con los presos más peligrosos de la cárcel. ¿Cómo es posible que un vendedor ambulante muera así?, ¿por vender CDs?”, cuestionó.
Familias evalúan apelar
En la sentencia se estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Asimismo, agregó que “las autoridades penitenciarias no podían menos que prever que el hacinamiento, la inexistencia de medidas de evacuación, la inexistencia o ausencia de comunicación de un plan de incendios, el exiguo número de funcionarios a cargo de población penal, la escasa o nula preparación bomberil de los funcionarios de gendarmería y las desbordadas conductas de los internos, convertían a estos cilindros de gas en una bomba de tiempo para la seguridad de la población pena”.
Sin embargo, la resolución no dejó conforme a algunos familiares, los que evalúan apelar. Acusan nulo apoyo psicológico y social por parte del Estado en estos 10 años y que ninguna cifra les recuperará sus seres queridos.
Es preciso indicar que el fallo es en primera instancia y puede ser apelado por el Consejo de Defensa del Estado.
