La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, condenó el funcionamiento de un jardín infantil que fue detectado por Carabineros en Maipú.
La situación quedó al descubierto por una denuncia, que llevó a los uniformados a llegar al jardín “Creando”. En su interior, habían cuatro niños y tres empleadas.
Por ello, se inició una fiscalización que motivó la llegada de personal de la Seremi de Salud RM más la subsecretaria Martorell.
La autoridad indicó que los colegios y los jardines infantiles solo pueden funcionar con turnos éticos para entregar las cajas de alimentos Junaeb o realizar labores administrativas.
Por eso, dijo que el recinto estaba incumpliendo las normas sanitarias.
Lo mismo señaló la seremi de Salud, Paula Labra. Esto porque se verificó que no habían medidas para impedir los contagios de Covid-19.
Fruna
Además, Martorell señaló que la sostenedora del recinto aseguró que estaba operativa para cuidar hijos de trabajadores de la empresa Fruna. Incluso, según dijo, tenía un certificado de la compañía para funcionar.
Sin embargo, Martorell señaló que las empresas no están facultadas para otorgar ese tipo de permisos.
“No existe ese tipo de certificado (…) La empresa no está autorizada a contradecir una normativa sanitaria como es el no funcionamiento de jardines infantiles”, agregó.
Por ello, anunció una fiscalización a la empresa Fruna, para revisar desde cuándo está funcionando el jardín y añadió que se expone a multas millonarias. En tanto, se inició un sumario sanitario contra el establecimiento educacional.
Junto con ello, la Fiscalía Occidente ordenó la detención de la sostenedora del jardín y se estudiarán responsabilidades penales en la empresa de alimentos.
“Aquí se esta poniendo en riesgo la vida de niños”, agregó Martorell.
“La estupidez no tiene límites”
Sobre esta situación, el intendente Felipe Guevara criticó el hecho ya que se pone en riesgo la salud de niños.
“La estupidez no tiene límites”, agregó.
La autoridad regional recordó que las multas por sumario sanitario pueden llegar a los $50 millones y que también se arriesgan sanciones por la vía penal.
