La Fiscalía Oriente formalizó a cinco personas imputadas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones, en la causa por presunta compra y venta de un fusil AK-47, revelada por la Unidad de Investigación de La Radio. El acusado de intentar vender el arma de guerra, quedó en prisión preventiva.
Discreta, sin citar a medios de comunicación, con resguardo del grupo Antimotines de Gendarmería y sin acceso a público. Así se desarrolló la audiencia de formalización de cinco personas presuntamente involucradas en la venta y compra de un fusil AK-47, que según los antecedentes de la Fiscalía tendría relación con posibles desmanes que se realizarán en marzo.
La Unidad de Investigación de La Radio reveló una indagación de la Fiscalía Oriente, junto a la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, que considera una serie de diligencias contra personas que estarían vendiendo y comprando armas en el mercado negro.
Los antecedentes establecen que la PDI tomó conocimiento sobre la venta del fusil ruso con un cargador de 36 balas, por un millón y medio de pesos. Esto, gracias a escuchas telefónicas, autorizadas judicialmente, donde se establecía que el arma habría pertenecido a una mujer del MIR, pero incautada por personal militar en 1973. Además, uno de los objetivos de la compra sería para posteriormente abastecer a personas en manifestaciones de marzo.
Ayer, dos mujeres y tres hombres fueron formalizados. Se les imputó el delito de porte y tenencia de armas y municiones, por lo que el hombre, identificado como “Joaquín”, quien presuntamente quería vender esta arma, quedó en prisión preventiva.
Fue una audiencia reservada -según lo solicitó el Ministerio Público-, pero aún así las partes se refirieron al tema.
Uno de los abogados de los imputados, Hermán Apablaza, miembro de la Defensoría Penal Pública, sostuvo que no quiere entorpecer la investigación que involucra a sus representados.
Por su parte, el persecutor de la Fiscalía local de Las Condes, Andrés Iturra, quien está a cargo de la indagación, enfatizó que no puede dar más antecedentes, porque la causa es reservada y el motivo de ello es por la naturaleza de los hechos imputados.
Los otros 4 acusados quedaron con medidas cautelares menos gravosas, entre ellas, firma quincenal, arraigo nacional y arresto domiciliario total.
Además, el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, puntualmente la jueza Andrea Osorio, decretó 120 días para la investigación.
