El próximo viernes una mujer de 31 años que se encuentra acusando vicios en el proceso en que su hija fue declarada como susceptible de adopción tendrá una audiencia clave.
Se trata de Patricia Aránguiz, de 31 años, quien en conversación con La Tercera explicó cómo llegó a enfrentar esta situación.
Según relató, todo partió cuando con 14 años comenzó a consumir marihuana y alcohol, pasando después a probar la pasta base, lo que la convirtió en una persona con problemas de adicción. A los 18 años quedó embarazada de su primer hijo, que es cuidado por su madre.
La mujer volvió a quedar embarazada, sin desearlo, por lo que llegó hasta la Fundación San José para dar en adopción a su bebé una vez que naciera. Cuando la niña nació, se arrepintió.
Con la llegada de M.J decidió irse a vivir en una pequeña vivienda junto a sus dos hijos. A los meses de vivir ahí, recayó cuando salió a una fiesta.
Según consignó el medio, una vecina llevó a la niña donde la madre de Patricia, abuela de la menor. Pero al día siguiente, su hermana mayor la fue a dejar hasta la Fundación San José, de donde no volvió a salir. Al tiempo, desde allí le comunicaron que debía despedirse, porque sería entregada a otra familia.
El 8 de marzo Patricia buscará demostrar que el proceso que llevó a que su hija fuera susceptible de adopción estuvo viciado, ya que si bien se señala que se ausentó a dos audiencias, ella sostiene que no fue notificada de su programación.
Patricia había sido derivada hasta el Programa residencial para mujeres de la fundación Paréntesis, en Quilicura, luego que asistiera de forma voluntaria hasta la Unidad de Servicio Social para entrar a terapia ya que volvía a estar embarazada. Asimismo, desde su defensa señalan que las notificaciones llegaron a una vivienda donde ya no vivía.
Su abogado, Enrique Aldunate, sostiene que la fundación omitió que ella estaba en el Hospital San José, donde se realizaba test toxicológicos en monitoreo a su embarazo.
Ante esto, el 14 de febrero presentaron un recurso de queja, donde señalan que “Claramente estamos ante un perjuicio causado a mi representada, a su derecho fundamental a un debido proceso, a encontrarse en una posición indefensa y que como consecuencia de un hecho o información erróneamente entregada por una profesional de Casa Belén, dependiente de la Fundación San José, y que no fue advertido por el Tribunal…”.
El recurso fue rechazado y será la Corte Suprema quien determine la admisibilidad de la apelación.
“Yo pensé que todo lo que estaba haciendo era para mejor, que entrando acá iba a recuperar a la niña. Me imaginaba que estando acá iba a ser más fácil. La asistente social envió un informe para avisar que ingresé aquí, para que supieran que estaba haciendo esfuerzos por sanarme. Pero allá solo le contestaron que había cupo para ingresar a mi otra guagua, si quería”, lamentó Patricia.
