El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda de los familiares de Julieta Bernal, una mujer que falleció en 2016 a causa del asbesto contaminado por Pizarreño S.A. y ordenó a la empresa a pagar $125 millones.

Según consignó el fallo en primera instancia, la mujer murió como consecuencia de un mesotelioma maligno sarcomatoide –un tipo de cáncer en la pleura del pulmón– que fue contagiado por exponerse a diferentes tipos de contaminación por asbesto, entre ellos, haber vivido en la Villa Pizarreño de la comuna de Maipú y haber lavado la ropa de su padre, extrabajador de la empresa, por lo que se produjo una contaminación cruzada.

El vocero del Movimiento Unidos contra el Asbesto, Adrián Prieto, valoró la resolución. Sin embargo, sostuvo que aún existe desinformación respecto al control y la remoción del material para evitar el contagio.

El toxicólogo y presidente del departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, sostuvo que la exposición al asbesto es riesgosa y puede producir enfermedades como asbestosis o mesotelioma. Además, el médico responsabilizó a la empresa Pizarreño de lo daños a la población cercana.

De acuerdo a los datos presentados en el último informe sobre control y manejo del asbesto del Movimiento Unidos contra el Asbesto, gran parte de las Seremis de Salud regionales sólo comenzaron a registrar los trámites de remoción del mineral hace ocho años, aún cuando comenzó a regir oficialmente el control de manejo de asbesto desde 2001.

La encargada del equipo de asbesto de la Seremi de Salud Metropolitana, Milka Garrido, sostuvo que esto se debe a la disponibilidad de recursos tecnológicos para registrar los trámites.

Además, Garrido anunció que el Ministerio de Salud se encuentra realizando mesas de trabajo para establecer el protocolo de vigilancia de salud en la materia y modificar la actual normativa sobre asbesto.

Respecto a la sentencia, desde la empresa Pizarreño Sociedad Anónima sostuvieron que “la compañía se encuentra analizando todas las opciones disponibles para definir los pasos a seguir”. Todo esto mientras tienen como plazo final hasta el miércoles 21 de noviembre para recurrir a la Corte de Apelaciones.