Mientras los estudiantes de la Universidad Iberoamericana debaten sobre apoyar o no el convenio que elaboró el ministerio de Educación con la Universidad de Santiago, y donde se excluyó al administrador de cierre, José Jara; los 104 trabajadores del plantel, que proporcionaron la información para dicho documento, se encuentran completamente a la deriva, ya que desde el Gobierno les dijeron que “no se harán cargo de las deudas de privados”.
La presidenta del sindicato de Trabajadores de la Iberoamericana, Lilian Pavez, sostuvo que a la fecha todos se encuentran con sus sueldos impagos, pese a ello, decidieron no abandonar a los estudiantes y seguir con sus labores, recibiendo 50 mil pesos al mes, del dinero que cobran los académicos por exámenes de grado y que se reparte entre todos.
La decana de la Facultad de Salud de la Universidad Iberoamericana, Viviana Rada, calificó como una burla del ministerio de Educación, la cláusula del convenio que les exige autodespedirse para, eventualmente, ser considerados en el futuro por la Usach, algo que de todas formas indicaron no es su objetivo.
La decana Rada criticó al Mineduc por no incluirlos en el convenio y además, querer declarar como bienes esenciales para el funcionamiento de la Iberoamericana los edificios del plantel, dejando a los trabajadores sin ninguna opción inmediata de que se paguen sus sueldos y cotizaciones, ya que no se podría vender la única fuente de ingresos que tiene la universidad.
El presidente de la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Gastón Saavedra, luego de reunirse con los trabajadores de la Iberoamericana, indicó que el Gobierno tiene un responsabilidad subsidiaria con los funcionarios, ya que fue el Mineduc quien decretó el cierre del plantel.
Pese a la incertidumbre de los trabajadores, lo más probable es que se declare la quiebra de la Universidad Iberoamericana en los próximos días, con lo que la situación contractual de los funcionarios queda automáticamente finiquitada y el líquidador podrá proceder a la venta de los inmuebles.
Esta situación buscará ser evitada por el Mineduc, pidiendo al tribunal que se declare como bienes esenciales los edificios, estrategia jurídica que no debiera tener éxito, si se toma en cuenta lo que ya sucedió con la Universidad Arcis y su quiebra.
Si bien el Gobierno con el exministro de Educación, Gerardo Varela, se había comprometido a modificar la Ley 20.800, para evitar colisiones entre el administrador de un plantel y el líquidador, la actual ministra Marcela Cubillos descartó la medida y aseguró que se optará por la implementación de la superintendencia de Educación Superior.
En el ministerio de Educación esperan poder firmar mañana el convenio entre la Universidad de Santiago y la Iberoamericana, pese a que gran parte de las observaciones que planteó el administrador de cierre, José Jara, no fueron subsanadas por el ministerio de Educación, entre ellas, de dónde saldrá el dinero para pagar su sueldo, ya que el plantel no cuenta con recursos y el Gobierno descartó incluirlos, en los $2 mil millones que el Estado destinarán para el cierre de la institución.
