Con el objetivo de detener las tomas en el Instituto Nacional, un grupo de apoderados buscará impedir que se realicen las votaciones que terminan por aprobar las tomas en el establecimiento.

Según consigna Lun, el vocero del grupo denominado “Apoderados Pro Clase”, Gerardo Montenegro, explicó que dicho grupo actualmente cuenta con 200 personas organizadas y se creó con la misión de frenar las mencionadas votaciones y tomas que consideran ilegales.

Llevamos tiempo en esta batalla. Hubo años con hasta seis meses en toma, pero como apoderados no vamos a ejercer acciones en contra de alumnos”, dijo Montenegro al medio.

Además, aclaró que “entendemos su posición adolescente y pasional sobre las injusticias sociales, pero tenemos listas acciones legales potentes contra las autoridades responsables de los alumnos que con su permisividad permiten las votaciones y las tomas ilegales”.

Consultado por las autoridades responsables, mencionó que son las directivas del liceo, el sostenedor, la Dirección de Educación Municipal (DEM) y el Ministerio de Educación.

La estrategia

Para sustentar el requerimiento legal, el grupo se apoya en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 2014 y ratificado por la Corte Suprema, sobre un recurso de protección presentado por apoderados del Instituto Nacional en contra de la alcaldesa de Santiago de ese entonces, Carolina Tohá.

Asimismo, se presentó en contra del rector Fernando Soto por permitir el actuar de un grupo de alumnos.

“La imposibilidad fáctica que impone una toma de asistir a clases y recibir educación conculca (vulnera) las garantías constitucionales de libertad de enseñanza, derecho de propiedad en relación con el derecho a la educación y la integridad psíquica y física de los recurrentes“, dice el fallo.

La Corte ordenó que los estudiantes se abstuvieran de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones, y se prohibió a los municipios firmar documentos con condiciones para mantener las tomas.

Montenegro explicó que se basan en el precedente anterior y acotó al medio que “la ilegalidad comienza cuando rectoría, el sostenedor y la DEM aprueban que en las votaciones de los alumnos sobre cómo manifestarse (…) Esta será una querella contra las autoridades que resulten responsables“.

Además, el apoderado sostuvo al medio que los alumnos más pequeños se verían presionados para votar a favor de las tomas.

Los más grandes los insultan o los llevan a votar instruidos, es una especie de mafia psicológica“, dijo.