Un Estado fuerte, ágil e inteligente es el único capaz de garantizar la paz y la libertad de una sociedad.

Vivimos tiempos difíciles de comprender y, sobre todo, difíciles de habitar. Las certezas que acompañaron a varias generaciones se han ido resquebrajando y, en ese vacío, han emergido respuestas autoritarias que prometen orden a cambio de libertad. Conviene, entonces, detenernos a mirar con honestidad cómo llegamos hasta aquí y qué camino podemos construir desde el progresismo.

La ultraderecha ha ganado terreno en el mundo porque los progresistas no hemos sido capaces de ofrecer un modelo de desarrollo para todos quienes pasaron de la pobreza a la clase media. Esas mismas personas que, con las políticas progresistas, pudieron cuidar mejor a sus hijos, educarlos, acceder a su primera vivienda, emprender un negocio, comprar un auto, llevar a sus hijos a la universidad y mejorar su acceso a bienes y servicios.

Pero ese mismo ascensor social convivió con la deslocalización de las empresas, la pérdida de empleos, el enorme endeudamiento de las familias y la inseguridad de una economía frágil que muchas veces no alcanza para llegar a fin de mes. Parece contradictorio, pero es completamente cierto.

No fuimos capaces de hacer evolucionar nuestros propios éxitos y terminamos respondiendo ante la ciudadanía por nuestros fracasos.

Esa complejidad dio lugar a nuevos problemas: la migración, la inseguridad pública, la falta de sentido y el debilitamiento de la democracia. La derecha convenció a buena parte de la población de que la política no es un instrumento de cambio social, sino una forma de corrupción, aprovechamiento y creación de privilegios, frente a mayorías que, pese a estar mejor que sus generaciones pasadas, deben dedicar gran parte de su vida a producir para pagar, en lugar de vivir felices.

Y hay que reconocerlo: en ese diagnóstico hubo mucho de razón. Justamente esos problemas de la democracia y de la clase política son parte de la ecuación para entender cómo llegamos hasta aquí.

El estallido social no apareció de repente, lo sabemos. Aunque la derecha y ultraderecha quiera reducir lo ocurrido en 2019 a meros hechos de violencia, la verdad es que mucho de lo sucedido fue el lento proceso de hartazgo de una sociedad que siente que el sistema no la satisface lo suficiente. Y ese estallido no ha terminado; sigue desarrollándose, aunque de formas distintas. En mi opinión, aún no encuentra un desenlace.

Las respuestas del sistema político, en sus diversas opciones o marcas, son incompletas. Están dedicadas a satisfacer una parte, pero no al conjunto. No existe una propuesta sistémica, sino más bien listas de medidas que buscan resolver necesidades inmediatas. Si hay un problema en educación, allá va una ley, y ojalá con un nombre popular para que quede grabada en la mente del ciudadano, en la cuña y, si se puede, en el reel que se sube a las redes sociales.

La responsabilidad es de todos, pero sobre todo de quienes no han tomado la decisión de detenerse a pensar un proyecto político mayor, profundo y de largo alcance.

Chile, siendo un país pequeño, podría aprovechar esa escala para convertirse en el lugar donde sea posible plantear una visión y una misión para nuestra ciudadanía: un país capaz de ofrecer mejores condiciones de vida sin hipotecar generaciones enteras, donde vivir bien no sea la carga pesada del día, sino la oportunidad de alcanzar un equilibrio razonable entre comodidad, disfrute y satisfacción personal. Y en esto, desde el progresismo somos los principales llamados a la acción.

¿Cómo lo logramos?

En primer lugar, convenciéndonos de que esto no vendrá de las derechas que pretenden instaurar un Estado mínimo, conduciendo a la sociedad a un caos del todos contra todos en el que solo se salvan las minorías que tienen más recursos.

En segundo lugar, sosteniendo una ética firme y profunda en nuestra forma de llevar adelante la tarea. Es necesario ser coherentes para construir confianza en nuestras ideas: decir y hacer lo que pensamos, para que las personas comprueben que lo que proponemos es posible.

En tercer lugar, pensando colectiva y organizadamente. No hablo de asambleísmo voluntarista, sino del método democrático participativo: volver a construir una meta común para hacer de nuestro país el más y mejor desarrollado del cono sur.

Esto implica hacernos cargo de las urgencias y, al mismo tiempo, proponer planes para revertir las tendencias que hoy nos ponen en jaque. Si queremos gobernar para darle a las personas una vida mejor, esa vida mejor significa ingresos que alcancen para vivir, protección en los asuntos esenciales de la existencia humana y tiempo para que cada persona sea feliz con aquello que escoja. Esa oportunidad debe ser universal, garantizada, y constituir la hoja de ruta de nuestra propuesta.

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Esto es ofrecer futuro. No pasado, como hace la derecha; y, peor aún, un pasado que en ninguna parte demostró funcionar. La libertad individual plena no es la ausencia del Estado. Al contrario. Un Estado fuerte, ágil e inteligente es el único capaz de garantizar la paz y la libertad de una sociedad.

Ser coherentes, actuar con una ética fuerte, tener una misión clara y dar muestras concretas de que es posible nos permitirá no solo construir la confianza necesaria para una elección: será el cimiento de una nueva etapa en la que las personas recuperen el valor de vivir en comunidad, respetándonos unos a otros y sabiendo que el propio esfuerzo será recompensado, sin necesidad de dejar en él la vida entera con la sola esperanza —o resignación— de que, si nuestro trabajo no alcanza para nosotros, al menos puedan disfrutarlo nuestros hijos.
Merecemos ser felices ahora.