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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Cuatro adultos mayores afectados por incendios forestales en El Olivar, Viña del Mar, recurren a la Corte Suprema para detener la demolición de 58 viviendas en construcción, ordenada por el Minvu tras informe de la Universidad de Chile. Acusan presiones y falta de respaldo técnico por parte del Ministerio de Vivienda, señalando motivaciones políticas en la medida. Abogado destaca vulneración de derechos y solicita suspensión de demolición para evaluaciones independientes.

Un grupo de cuatro vecinos adultos mayores de El Olivar presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición anunciado por el ministro Iván Poduje en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Pese a los dos informes técnicos que recomiendan reforzar 56 viviendas, el jefe del Minvu insistió en la demolición, mientras que funcionarios del Serviu Valparaíso citaron a reuniones a las familias afectadas para explicar el proyecto.

A la Corte Suprema acudieron cuatro adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar, con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

La medida adoptada por el Minvu es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados.

Ante eso, cuatro adultos mayores damnificados por el megaincendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso que fue rechazado y, por eso, tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema.

Juan Andrés Pavez, abogado de los denunciantes, acusó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra “demolición”.

Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó “anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad”.

De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por Serviu Valparaíso a través de vías informales —como por ejemplo WhatsApp— a reuniones “de un día para otro” y sin indicar el motivo.

En un relato anónimo, un vecino conversó con La Radio explicando el contexto de las reuniones citadas por Serviu. “En la reunión nos mostraron tres proyectos; nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar ahora”, aseguró.

Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron ocho recursos de protección y uno de amparo.

Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas, y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados.