Carabineros opera con 12.222 vacantes y perdió cerca de 5 mil policías de calle desde 2019

La escena se repite en llamados, mensajes y denuncias que recibe Radio Bío Bío desde distintos puntos del país. Ocurre una emergencia, un robo, una pelea o un hecho de violencia. Se marca el 133, pero la respuesta tarda. Y mientras pasan los minutos, en no pocos casos quien aparece primero no es una patrulla policial, sino un vehículo de seguridad municipal.

La percepción ciudadana, instalada hace tiempo en barrios y comunas, encuentra ahora sustento en cifras internas de la propia institución. Una exposición reservada de Carabineros durante este 2026, transparenta una realidad compleja: menos personal operativo, miles de cargos sin cubrir, caída en postulaciones y una proyección a fines de esta década que enciende alertas sobre la capacidad futura de respuesta.

El dato central: menos policías disponibles

El documento interno de Carabineros consigna que al mes de abril de 2026 la dotación total de Carabineros alcanza 56.509 funcionarios. En abril de 2019 eran 59.894. La diferencia es de 3.385 integrantes menos en siete años.

Sin embargo, la cifra global esconde una dimensión más sensible: no todo funcionario integra labores de patrullaje o respuesta en terreno. El mismo documento precisa que en los escalafones de “oficiales de fila” y “personal de fila” se concentra el personal de orden y seguridad, es decir, quienes cumplen funciones operativas directas.

En 2019 ese segmento sumaba 48.807 efectivos. En 2026 baja a 44.414. La pérdida real de policías de calle llega así a 4.393 funcionarios.

Esos miles de efectivos menos se traducen en menor capacidad para cubrir cuadrantes, reforzar guardias, responder procedimientos y sostener presencia preventiva en zonas críticas.

12.222 vacantes: el déficit estructural

El segundo dato que es preocupante, por lo que se traduce según fuentes consultadas en un tema de Estado más que de la propia institución, es la brecha entre cargos autorizados y personal efectivo. Carabineros informa 68.731 empleos, pero solo 56.509 funcionarios en servicio. Resultado: 12.222 vacantes.

El mismo documento, detalla que cerca de 11.200 de esas plazas faltantes corresponden al área de orden y seguridad, justamente la línea operativa más demandada por la ciudadanía.

Las tasas de cobertura reflejan la presión interna. El personal de fila llega a 78% de ocupación; los oficiales de fila, a 83,1%; y el total institucional, a 82,2%.

En términos prácticos, el sistema funciona con una capacidad reducida frente a una demanda creciente de seguridad.

Menos postulantes, menos recambio

La crisis también impacta el ingreso de nuevas generaciones. Entre 2015 y 2019, la Escuela de Formación de Carabineros registraba un promedio anual de 16.098 postulaciones. Entre 2020 y 2024, ese promedio cayó a 7.118. La baja es de 52%.

Aunque hubo un repunte parcial en 2023, el propio documento reconoce que no se ha recuperado el interés previo a la crisis social y el impacto que tuvo para quienes en algún momento pensaron postular a la institución.

Sin suficientes postulantes, la reposición de retiros se vuelve más lenta y costosa. De hecho, los funcionarios que pidieron la baja de Carabineros alcanza los 4.600 funcionarios desde 2019 y 950 que estaban en etapa de formación.

La advertencia hacia 2030

Uno de los apartados más delicados de la presentación proyecta el escenario futuro. Si no se introducen ajustes, la dotación del Personal de Nombramiento Institucional de orden y seguridad podría caer a 34 mil al año 2030.

Eso implicaría haber perdido más de 10 mil carabineros respecto de años anteriores.

Por qué el municipio aparece primero

En las comunas que más recursos tienen, la seguridad municipal ha ganado terreno operativo. Patrullas locales, cámaras, inspectores territoriales y centrales propias permiten tiempos de reacción más rápidos ante incivilidades, ruidos molestos, conflictos vecinales o apoyo inicial a víctimas.

Pero esa respuesta tiene límites legales evidentes. Los municipios no sustituyen la función policial ni investigan delitos complejos. Lo que sí han hecho es cubrir espacios donde el Estado central no logra llegar con rapidez suficiente.

Allí se instala una paradoja incómoda: la ciudadanía pide más Carabineros, pero muchas veces el primer uniforme que ve no es verde, sino municipal.

Institutos y universidades

Las regiones que históricamente más han nutrido de jóvenes a la institución, es decir, futuros carabineros destinados al trabajo en la calle, son La Araucanía, Biobío y Maule. Sin embargo, en los últimos años ese flujo ha caído de manera sostenida. Entre los factores que explican el fenómeno aparece la expansión de la gratuidad en la educación universitaria y técnico-profesional, que abrió nuevas alternativas de formación para miles de postulantes.

A ello se suma el impacto que dejó el 18 de octubre de 2019 al interior de Carabineros. Generales en servicio y en retiro coinciden en que ese punto de quiebre fue determinante para explicar el escenario actual y que pasó por menor interés por ingresar, dificultades para retener personal y una institución exigida.

El plan interno: incentivos por más de $207 mil millones

Para enfrentar el problema, Carabineros diseñó un paquete de mejoras económicas valorizado en $207.814 millones anuales. La propuesta contempla asignaciones por participación laboral, reajustes por riesgo, beneficios para alumnos en formación y cambios en la estructura del alto mando.

La lógica interna es directa: si faltan funcionarios, la prioridad pasa por retener dotación, incentivar la permanencia y volver competitiva la carrera policial. Pero mientras esas reformas no se materialicen, la presión seguirá en la calle. Y la pregunta de miles de auditores de Radio Bío Bío se mantendrá intacta cada vez que ocurre una emergencia: ¿qué pasa con Carabineros?