Escuelas ¿protegidas?: enfrentar conflictos sin profundizar la exclusión

Cada vez que un hecho grave de violencia escolar irrumpe en la agenda pública, el debate político tiende a centrarse en la conmoción, la urgencia y la búsqueda de sanciones más severas.

Ese libreto reaparece hoy con el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Ejecutivo, que propone revisión de mochilas, registros policiales a niños, niñas y adolescentes, y hasta la inhabilidad temporal para acceder a la gratuidad en educación superior. Esta última medida no es neutral: afectaría especialmente a quienes dependen de ella para proyectar su continuidad educativa.

El problema no es que el Estado busque proteger a las comunidades educativas. Eso es indispensable. La cuestión es cómo hacerlo. Una opción es fortalecer las capacidades de las escuelas para enfrentar mejor los diversos desafíos de la convivencia. Otra, muy distinta, es trasladar la idea de protección hacia una lógica de autoridad sostenida en la sospecha, la intervención policial y el castigo.

La comparación del proyecto con la Ley 21.809 sobre Convivencia, Bienestar y Buen Trato, recientemente promulgada, es reveladora. La nueva ley permite incorporar tecnologías de control, como detectores de metales, con acuerdo del Consejo Escolar. En cambio, “Escuelas Protegidas” desplaza el eje hacia medidas unilaterales, al otorgar facultades al sostenedor en materias sensibles como la revisión de pertenencias y vestimentas, con la concurrencia de policías si este así lo requiere. En la ley, la autoridad se construye con la comunidad; en el proyecto, con vigilancia y reacción punitiva.

Esto no es un detalle técnico. Es una definición política sobre qué se entiende por autoridad en educación. La autoridad pedagógica no surge de la sola posibilidad de sancionar o denunciar. Surge cuando el profesor o profesora puede actuar desde el aula con respaldo directivo, apoyo del equipo de convivencia, reglas claras y válidas para toda la comunidad escolar.

La evidencia tampoco respalda el entusiasmo punitivo y obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ya no probamos antes este camino? La ley Aula Segura, promulgada en 2018, nació también bajo el signo de la urgencia, impulsada por graves hechos de violencia en liceos emblemáticos, con la promesa de recuperar el orden mediante expulsiones en plazos abreviados.

Sin embargo, dichos problemas en aquellos liceos persisten, mientras las tasas de expulsión han crecido exponencialmente. En 2024 llegaron a 410,1 por cada 100 mil estudiantes, frente a un 33,7 en liceos no emblemáticos: 12,2 veces más (Inostroza & Muñoz, 2025). Esto no significa que sancionar nunca sea necesario, pero sí demuestra que endurecer las medidas hacia los estudiantes no es el camino.

Llama la atención que, frente a la violencia en liceos emblemáticos, reaparezca desde algunas autoridades una explicación ya conocida: que detrás de estos hechos habría grupos organizados e incluso adultos, sin que hasta ahora se conozcan resultados concluyentes de investigación penal en esa dirección. Esa distancia importa. Cuando dinámicas de violencia que exceden el espacio escolar no son abordadas en su complejidad y, en cambio, sus manifestaciones más visibles se utilizan como fundamento para impulsar nuevas leyes de “mano dura”, el riesgo es legislar para el titular y no para las necesidades reales de las comunidades educativas.

A esta discusión se suma un dato crucial: “Escuelas Protegidas” establece que su implementación se realizaría con cargo a los recursos ya vigentes en los establecimientos educacionales. Es decir, exigiría nuevas capacidades de respuesta y control a las escuelas sin asegurar financiamiento adicional, justo cuando el Ministerio de Educación enfrenta un recorte presupuestario de 3%.

La paradoja es evidente y, en la práctica, puede debilitar los apoyos más necesarios: programas psicosociales, equipos de convivencia, recursos de prevención y formación para actuar con criterio y no con improvisación.

La investigación científica en Chile muestra que, aun en contextos críticos, los liceos que mejoran no lo hacen con más cerrojos, sino con liderazgo cercano, equipos especializados, sanciones justas y vínculos colaborativos con el territorio. En esa dirección, los esfuerzos legislativos deben fortalecer las condiciones para enfrentar los conflictos sin deteriorar el vínculo pedagógico ni profundizar la exclusión.

Dra. Macarena Morales
Investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso