El liquidador de la Universidad Arcis aseguró que, mientras se mantenga en el cargo, no autorizará el arriendo de una sede para el funcionamiento del plantel y adelantó que solicitará a los acreedores que no den inicio al año académico 2018.
Este próximo jueves la casa de estudios estaría cerrando el año académico 2017, bajo la tutela del liquidador Cristián Herrera, luego que la justicia le ordenara terminar con el proceso pese a que la junta de acreedores de la quiebra había decidido poner fin al giro a fines del año pasado, despidiendo a todos los funcionarios e iniciando el remate de los bienes.
Sin embargo, Herrera adelantó que mientras esté a cargo de la administración de la Universidad Arcis no autorizará el arriendo de una sede para el funcionamiento del plantel, indicando que solicitará a los acreedores que tampoco se inicie el respectivo año académico.
Fue precisamente esta colisión de competencias las que sacó a relucir el administrador de cierre de Arcis, Jorge Rojas, durante su exposición ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para explicar las razones de por qué se ha visto entorpecida su labor, asegurando que es necesario que el Estado afinen otros mecanismo para resolver estas controversias.
Rojas, hizó hincapié además en los conflictos de interés que existen entre los acreedores de la quiebra y los directivos de Arcis.
El jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, en tanto, aseguró que si bien existen dos opciones para que los estudiantes de Arcis terminen sus procesos académicos, a juicio del Mineduc el más rápido y sustentable de implementar es un convenio de continuidad con otra universidad.
La otra propuesta sobre la mesa es la que impulsa un grupo de académicos y estudiantes de Arcis, que apunta a una independencia total para llevar adelante el proceso de cierre de forma autónoma y administrando los recursos que están dispuestos en la Ley de Presupuesto, que son básicamente becas.
