Los diputados comunistas Camila Vallejo y Daniel Núñez se refirieron en el Congreso a los destrozos generados por los jóvenes que participaron de la toma del Internado Nacional Barros Arana (INBA), y la posterior querella presentada por el gobierno para perseguir a los responsables.

Vallejo, ex dirigenta estudiantil, condenó los desmanes debido a que finalmente son los mismos estudiantes los que deben cubrir los daños causados.

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“Ellos mismos han tenido, lamentablemente, que ver la forma de financiar los daños. Pasó eso, y también en años anteriores, cuando se incendió y quemó el automóvil de una persona, el movimiento estudiantil tuvo que recurrir con el pago de los daños, aún cuando no era convocado y no eran efectuados por el mismo movimiento estudiantil estos daños”, dijo.

La congresista agregó que esto “no contribuye, contribuye más bien a una agenda conservadora que busca incrementar la represión policial y en nada posicionar las demandas del movimiento social”.

Consultada sobre la solicitud del gobierno al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para querellarse contra los apoderados de los estudiantes que participaron de la toma, la diputada dijo que “yo creo que una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. No se puede responsabilizar únicamente a los padres, yo desconozco la situación de cada uno de los padres y los problemas que estén detrás de cada una de esas familias, y por lo tanto aquí hay que ver de dónde se origina esa violencia”.

“(Es) una responsabilidad no privada de una familia, de un padre, de una madre que puede ser un padre que esté incluso en la cárcel, o puede ser una madre que sea madre soltera, que no tenga tiempo para… Una responsabilidad social. Una responsabilidad de todos los chilenos y, por lo tanto, hay que ver qué políticas públicas, qué acciones tomamos de manera colectiva para combatir este tipo de situaciones”, añadió.

Núñez y el dinero perdido

El diputado Daniel Núñez también se refirió a la posibilidad de que el CDE busque recuperar el dinero dañado con acciones legales contra los padres, haciendo un símil con la situación de SQM.

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“Si el Consejo de Defensa del Estado quiere recuperar el patrimonio, lo mejor es que haga una querella en serio contra Soquimich, contra las empresas que le han robado a millones de chilenos, porque la verdad es que es ridículo que castiguemos a una familia por una situación de un conflicto social cuando tenemos escándalos como lo que hace Soquimich, que todos los días nos roba a millones de chilenos, nos roba el litio y resulta que el Estado de Chile lamentablemente actúa ahí con lentitud, con una burocracia impresionante”, aseveró.

El diputado agregó que “entonces, a los chicos, a la familia individual, a la gente modesta, todo el peso de la ley, pero a los poderosos pucha que nos cuesta meterlos a la cárcel, pucha que nos cuesta juzgarlos. El señor Orpis, que cometió delitos de sobra, resulta que además, delitos probados, delitos demostrados, no va a la cárcel porque tiene, entre comillas, irreprochable conducta anterior”.

Núñez cerró indicando que “creo que es una burla a los chilenos este anuncio de querellar a las familias de estudiantes o estudiantes cuando son situaciones de conflicto social, que todos queremos evitar, y que por supuesto que vamos a buscar la forma, los mecanismos, para que esto no ocurra. Pero actuar penalmente en contra de ellos es una desproporción y es lo mismo que estamos discutiendo recién en el caso de la colusión. O sea, no podemos atacar con la agenda corta a un delincuente y al de cuello y corbata lo tratamos con guante blanco”.