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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Contraloría exige a director municipal de Linares reintegrar $22 millones percibidos mientras estaba bajo arresto domiciliario por fraude al fisco. También ordena devolver bonos de Mejoramiento de Gestión. Se detectan irregularidades en horas extras y se instruyen sumarios administrativos. Diputada pide vigilancia en el proceso y recuerda que el director y alcalde están imputados por caso de sobreprecios.

La Contraloría General de la República ordenó al director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Linares, John Sancho, reintegrar $22.648.367 que percibió en remuneraciones mientras se encontraba privado de libertad.

El organismo fiscalizador estableció esta situación en el Informe Final N°444, elaborado tras un oficio presentado en noviembre de 2024 por la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar los pagos de sueldos y horas extraordinarias al interior del municipio.

De acuerdo con el documento, Sancho recibió su sueldo íntegro entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que permanecía bajo prisión preventiva y posteriormente arresto domiciliario, en el marco de la investigación por fraude al fisco.

Durante esos meses, el funcionario también percibió bonos de Mejoramiento de Gestión por cerca de $5 millones, pagos que la Contraloría calificó como improcedentes.

Ante estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos, ordenó el reintegro de los recursos en un plazo de 30 días hábiles y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social para su revisión.

Irregularidades en horas extra

El informe también reveló nuevas observaciones en la gestión de la Municipalidad de Linares. La Contraloría detectó que durante 2024 el municipio pagó más de $610 millones en horas extraordinarias.

En una revisión parcial de $102 millones, el ente fiscalizador comprobó que la administración canceló cerca de 700 horas indebidas, que al menos diez funcionarios superaron el límite legal mensual y que el sistema registró más de 160 irregularidades en el control de asistencia.

Tras conocerse el informe, la diputada Consuelo Veloso afirmó que seguirá de cerca el cumplimiento de la medida.

“Estaremos vigilantes para que estos recursos sean reintegrados. La política no puede transformarse en un espacio para servirse del Estado”, declaró.

La parlamentaria recordó además que John Sancho y el alcalde de Linares, Mario Meza, figuran como imputados por fraude al fisco reiterado en la investigación del denominado Caso Cloro, que indaga compras con presuntos sobreprecios durante la pandemia por cerca de $200 millones.