Un gendarme fue detenido mientras se encontraba trabajando al interior de la cárcel El Manzano de Concepción, región del Bío Bío, por cohecho e internación de elementos prohibidos al recinto penal.
Lo anterior, según antecedentes de Radio Bío Bío, tras efectuarse una orden de detención en su contra.
En ese sentido, el funcionario de Gendarmería habría cobrado cerca de un millón de pesos por ingresar un celular al recinto penal.
En conversación con La Radio, el fiscal Mario Elgueta indicó que “es una situación muy seria que concluye el día de hoy con la detención de un imputado que era funcionario de Gendarmería. Entendemos que ha sido dado de baja”.
A su vez, el persecutor indicó que al hombre se le imputaron los delitos de “cohecho, cohecho agravado, tenencia de municiones y también por el delito de ingreso de aparatos telefónicos al interior del penal”.
Tras su formalización respectiva en el Juzgado de Garantía de Concepción, el ahora exfuncionario de Gendarmería quedó con la cautelar de prisión preventiva.
A través de un comunicado, Gendarmería informó que la detención fue resultado de una investigación que se extendió por cinco meses, desarrollada por personal especializado de la institución.
Según detallaron, la indagatoria se originó a partir de una denuncia presentada por la propia Gendarmería ante el Ministerio Público, organismo que posteriormente instruyó la detención del funcionario y la incautación de teléfonos y computadores desde su domicilio.
En el operativo participaron funcionarios de la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) del Bío Bío, junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la PDI, la Oficina de Seguridad Interna (OSI) del Complejo Penitenciario Bío Bío y el Departamento de Investigación Criminal (DICRIM) de Gendarmería.
Asimismo, la institución señaló que instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas y reafirmó que mantiene una política de “tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción”.
Finalmente, el tribunal decretó un plazo de cuatro meses para la investigación.