Una millonaria indemnización deberá pagar la Municipalidad de Concepción a una exfuncionaria, cuyo despido la justicia calificó como discriminación política. El fallo rechazó el argumento de la corporación edilicia sobre una supuesta reorganización y acogió el que indicaba que la trabajadora, militante del Frente Amplio, fue reemplazada por un miembro del partido del alcalde Héctor Muñoz.
La demanda fue presentada por Camila Jarpa, quien hasta diciembre de 2024 se desempeñó en el Programa de Fomento Productivo de la Municipalidad de Concepción, siendo desvinculada tras asumir el jefe comunal Héctor Muñoz.
La demanda contra el despido fue rechazada por el Juzgado del Trabajo. Ese fallo, sin embargo, fue anulado ahora por la Corte de Apelaciones penquista, al desestimar los argumentos del municipio sobre una reorganización en la unidad de trabajo.
De forma unánime, los ministros de la Cuarta Sala llegaron a la conclusión que “la decisión de no renovar el contrato de la funcionaria constituye un acto de discriminación arbitraria por razones políticas que vulneró el derecho a la igualdad de trato y de no discriminación en el empleo”.
Fue despedida y en su puesto dejaron a militante del Partido Social Cristiano
El abogado Gabriel Acuña explicó que una serie de pruebas acreditaron la discriminación política detrás del despido, entre ellas el vínculo de su clienta con el Frente Amplio, su apoyo al contendor de Héctor Muñoz en las elecciones y el que su sucesor en el cargo fuera un militante del Partido Social Cristiano.
“La Corte no retrotrajo el juicio a primera instancia para que se hiciera nuevamente, sino que estimó que había elementos suficientes para dictar derechamente el fallo y estableció que había un indicio suficiente de discriminación política que tenía que ser debidamente explicado entonces por la municipalidad”, detalló el profesional.
Municipio impugnará resolución
De ahí la indemnización de $17.400.000 que deberá pagar la corporación edilicia, resolución que será impugnada a través de un recurso de unificación, adelantó el abogado jefe municipal, Rodrigo Díaz. Si bien dijo que respetan lo resuelto por la corte, no comparten la conclusión porque “existen dos interpretaciones distintas sobre este caso; estimamos que hay fundamentos para recurrir de unificación ante la Corte Suprema”.
Sobre el dictamen, el concejal Eric Riquelme (FA) dijo que se enmarca en un derecho tanto del alcalde de instalar a asesores de confianza como de las personas desvinculadas de acudir a tribunales. A su vez, destacó que la afectada “era muy buena funcionaria en el cargo que desempeñaba”.
Los argumentos del municipio penquista ante la Corte Suprema serán los contenidos en la sentencia de la jueza del Trabajo, Stephanie Fernández, que rechazó la demanda laboral de Camila Jarpa.
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