Nulo es el avance en la investigación por el fraude denunciado respecto de la automotora 21 de Concepción, región del Bío Bío, un caso similar al de la automotora Cumbres de San Pedro de la Paz.
Mientras la abogada de las víctimas acusa una demora de ocho meses en las diligencias encargadas por la Fiscalía, los afectados se preguntan si los imputados están siendo protegidos por la PDI.
A diferencia de la formalización del dueño de la automotora Cumbres, Sebastián Vera, en arresto domiciliario total desde hace un mes, la indagatoria en el caso de la automotora 21, que funcionó en avenida 21 de Mayo de Concepción, no ha arrojado resultados.
La abogada de un grupo de víctimas, Catalina Poblete, señaló que sus clientes están muy preocupados por esta situación, que dijo se debe a la deuda que tiene la PDI respecto de diligencias investigativas encargadas en octubre del año pasado por el Ministerio Público.
“Para las víctimas es bastante decepcionante el poco, yo diría prácticamente nulo avance en la investigación, puesto que estamos hablando de diligencias investigativas que se ordenaron a la Brigada de Delitos Económicos hace 8 meses atrás y todavía estamos a la espera de informes necesarios, de acuerdo a lo que nos ha señalado el fiscal titular en la causa, para proceder a formalizar a estos imputados”, expuso Poblete.
Para Rafael González, quien entregó un vehículo en consignación hace más de un año a la automotora 21, es sospechosa la falta de resultados en la causa, apuntando a una posible red de protección en favor de los dueños de la compraventa.
“Sí, efectivamente ya llevamos más de 8 meses esperando respuesta de la de la PDI, quien está investigando esta estafa, pero hasta el momento no pasa nada. Uno a las finales llega a suponer que PDI y fiscalía de alguna manera están protegiendo a estos estafadores”, expresó González.
En la misma línea se manifestó Sandra Muñoz, quien entregó a automotora 21 un vehículo avaluado en 16 millones de pesos, preguntándose si la demora en la búsqueda de justicia se debe a un intento de favorecer a los responsables de la que asegura fue una estafa.
“Yo le entregué a Automotora 21 una camioneta. Ellos la vendieron y no nos hicieron efectivo el pago que fueron $16.200.000. Por lo menos, yo estoy frustrada por la PDI que no hace no entrega los informes. Estamos estancados, como dice la abogada. Entonces, tú no sabes si a lo mejor está involucrada también la PDI”, manifestó Muñoz.
La investigación está a cargo del fiscal Rodrigo Bascuñán, abierta a partir de una querella por los delitos de apropiación indebida y estafa, con diligencias encargadas a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Enviando corrección, espere un momento...
