Corrupción judicial en Los Ángeles: formalizan a trabajadoras de estudio jurídico y a Moisés Bastardo

Con las cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicación entre los coimputados, quedaron dos trabajadoras acusadas de asociación delictiva y acceso indebido a la información en una causa que indaga una presunta corrupción judicial en Los Ángeles, en la región del Bío Bío.

Se trata de dos mujeres que se desempeñaban en el estudio jurídico de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, también imputadas en la causa. Corresponden a una abogada identificada por orden del tribunal con las iniciales C.A.C.U. y la secretaria P.A.J.G.

Ambas son investigadas por acceder maliciosamente a información reservada mediante el sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública.

Además, en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles también se formalizó a Moisés Alejandro Bastardo Bastardo por el delito de tráfico de armas. El imputado cumple condena en la cárcel de alta seguridad de Santiago y quedó con prohibición de comunicarse con otros imputados en esta causa.

Ingresaron 50 veces al sistema informático de la Defensoría Penal

Durante la audiencia, el fiscal Sergio Pérez Nova presentó diversos antecedentes para acreditar que ambas mujeres habrían ingresado en al menos 50 ocasiones al sistema informático de la Defensoría Penal, utilizando la clave del exdefensor penal público Patricio Gutiérrez.

En la audiencia se detalló que entre 2017 y marzo de 2025, las imputadas C.A.C.U. y P.A.J.G., abogada y secretaria del estudio jurídico Cortés&Romero de Los Ángeles, ayudaron a las socias Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara a concretar acciones delictivas junto con el apoyo a sus cónyuges, el exfiscal del Ministerio Público de Los Ángeles Rodrigo Durán Fuica y el exdefensor penal jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles Patricio Iván Gutiérrez Marinado.

Durante dicho periodo, además, Romero Jara y Cortés Karmy se organizaron para cooptar a miembros del Poder Judicial, como el funcionario Nelson Sáez Reyes, encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, a cambio de beneficios económicos, para manipular la agenda de audiencias programadas para que las causas de interés de las imputadas las dirigiera la magistrada Cherie Palomera Astroza, que, pese a mantener amistad con las abogadas, no se inhabilitó y resolvió en su favor.

Asimismo, las principales imputadas, Romero Jara y Cortés Karmy, utilizaron las claves de sus cónyuges para acceder y revisar antecedentes reservados de las carpetas de la Fiscalía Local y Defensoría Penal Pública, lo que les permitió realizar diversas maniobras para favorecer el actuar delictivo de clientes y tomar parte directa en tráfico de armas y drogas.

En dicho contexto, entre abril y septiembre de 2021, con la información proporcionada por Cortés Karmy y Romero Jara, las imputadas C.A.C.U. y P.A.J.G. ingresaron a los sistemas internos del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública para revisar información sobre representados por el estudio jurídico o consultar la nómina de detenidos con el objetivo de captar nuevos clientes.

Asimismo, durante 2022, en conocimiento de que su representado, actualmente condenado a presidio perpetuo, Bastardo Bastardo, enviaría armas a un tercero, realizaron gestiones ante fiscales del Ministerio Público para denunciar al receptor, quien fue detenido y condenado, sin lograr la minorante de colaboración sustancial que pretendía que se reconociera a Bastardo Bastardo.

Tras la resolución judicial, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los imputados manifestaron su conformidad con las medidas cautelares decretadas por el tribunal.