Además de este hecho, el hombre registraba cinco condenas por robos, una por receptación y una por infracción a la ley de drogas. La Fiscalía adoptó medidas de protección policial para la familia afectada.

La Fiscalía de Talcahuano solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción la prisión preventiva contra un sujeto (37) que ingresó a una vivienda y amenazó con un cuchillo a un matrimonio de adultos mayores en Hualpén, región del Bío Bío. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición y lo dejó en libertad.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 12 de marzo, cuando el imputado escaló el cerco de un condominio ubicado en la comuna e ingresó al domicilio de los ancianos, ambos de 72 años. La dueña de casa lo sorprendió y pidió auxilio a su esposo, quien se enfrentó al delincuente.

“Cuando él llega a la cocina del inmueble se da cuenta que este hombre está acopiando especies dentro del inmueble y se da a la fuga. Se va hacia el patio posterior y salta una pandereta, pero no sin antes tomar un arma cortopunzante que mantenía, un cuchillo, y a intimidar a la víctima”, relató el fiscal de Talcahuano, Mario Elgueta.

Pero el escape del individuo se vio frustrado, ya que el adulto mayor logró aprehenderlo. Posteriormente llegó personal de Carabineros y se lo llevó detenido.

Además de este hecho, el sujeto registraba cinco condenas por robos, una por receptación y una por infracción a la ley n° 20.000 de drogas.

“Expusimos los antecedentes diciendo que esto era un delito de robo con fuerza en lugar habitado. Se veía incluso agravado a partir de la intimidación que realizaba este hombre”, indicó el persecutor.

“Sin embargo, lamentablemente el tribunal no compartió nuestro criterio (…) Estimó que era solo un delito de hurto y que las amenazas estaban absolutamente disgregadas o separadas de la apropiación de especies”, explicó.

La decisión fue apelada ante la Corte de Apelaciones de Concepción, pero los ministros ratificaron la resolución de primera instancia, por considerar que no hubo delito de robo, sino de hurto y amenazas.

Frente a esta decisión del poder judicial, el Ministerio Público adoptó medidas de protección policial para la familia afectada.