Un sumario administrativo ordenó la Contraloría en contra de la alcaldesa de Arauco, por incitar a una protesta en la Ruta 160.
La Contraloría instruyó un sumario administrativo a la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, por incitar una protesta que interrumpió el tránsito en la Ruta 160 el 6 de junio pasado.
El órgano contralor remitió a la Fiscalía los antecedentes, ante la posible comisión de un delito de su parte.
Esto ocurrió la mañana del 6 de junio en el sector de Horcones, donde la jefa comunal llegó a prestar apoyo a los pescadores que se tomaron, independiente de los inconvenientes que esto significó para quienes necesitaban transitar por el sector.
La denuncia señala que Elizabeth Maricán, junto a otros funcionarios municipales, participaron en la interrupción del tránsito en la Ruta 160, en ambas direcciones, donde se instalaron barricadas que generaron atochamientos y dificultades en la comunidad que debía trasladarse desde y hacia la comuna.
Según el denunciante, la autoridad comunal faltó a la probidad y responsabilidad que implica su cargo al avalar estos hechos de violencia, con el argumento de que el Gobierno incumplió su promesa del pago de un bono de compensación por los perjuicios sufridos por la declaración de marea roja efectuada en octubre de 2022.
La Contraloría acogió los argumentos, en especial por este video que se adjunta en la denuncia, y que fue publicado por el portal La Voz Araucana, en donde la alcaldesa justifica su apoyo a la movilización, pese a reconocer que se está perjudicando a miles de personas.
La contraloría regional determinó que, teniendo en consideración todos los antecedentes, por ahora cabe objetar la actuación de la alcaldesa Elizabeth Maricán, al observar su participación en la interrupción del tránsito en la vía pública, por lo que se dará inicio a un sumario a fin de investigar las presuntas responsabilidades administrativas.
Requerido al respecto, el municipio respondió a la Contraloría que la alcaldesa lideró varias mesas de trabajo con los pescadores y otras instituciones públicas para generar instancias de mediación y lograr una solución a las demandas de los pescadores que protestaban por el incumplimiento de los acuerdos.
Sin embargo, el órgano contralor indica que los alcaldes se rigen por el principio de probidad administrativa que exige el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios, y que tanto ella como los demás trabajadores municipales se encuentran sujetos a las normas de derecho púbico que les exige actuar dentro del marco jurídico correspondiente.
Finalmente, y afirmando que se podría generar responsabilidad penal, en el artículo que tipifica acciones que atentan contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos o intimidatorios, es que determinó remitir el oficio a la Fiscalía Regional del Bío Bío.
