Esta jornada se confirmó la renuncia de tres altos funcionarios del Gobierno Regional del Bío Bío por sus vinculaciones políticas en el denominado Caso Convenios que investiga el Ministerio Público. Parlamentarios del Bío Bío valoraron la medida y aseguraron que esto confirma la existencia de irregularidades en el financiamiento a fundaciones y ONGs.
Las reacciones por la salida de tres altos funcionarios del Gobierno Regional del Bío Bío por sus vinculaciones políticas con el denominado Caso Convenios y la arista Camila Polizzi, no se hicieron esperar.
Se trata de las renuncias de Rodrigo Martínez Fernández, administrador regional; Rodrigo Alarcón Quezada, jefe de gabinete y Simón Acuña Medina, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Bío Bío.
En ese sentido, se generaron diversas opiniones entre parlamentarios de la región del Bío Bío. Por un lado, valoraron la medida y por otro, argumentaron que es el gobernador Rodrigo Díaz quien debe asumir las responsabilidades y no “cortar el hilo por lo más delgado”.
Piden máximo rigor del Ministerio Público en Caso Convenios
Para el diputado Leonidas Romero es insuficiente la renuncia de los tres altos cargos. “El hilo se está cortando por lo más delgado. Rodrigo Díaz debería asumir toda la responsabilidad política y él dejar el cargo“, dijo el legislador.
En tanto, la diputada Marlene Pérez valoró la salida de los funcionarios. “Esto es lo que correspondía. Esto es lo que uno esperaba que se actuara con decisión. Era necesario apartar de sus funciones a quienes hoy están siendo cuestionados por estar involucrado en las irregularidades que hoy día hemos conocido en el Gobierno Regional. La justicia acá cumple un rol súper importante; debe seguir la investigación a la brevedad para perseguir a quienes se han enriquecido a costa del Estado”, dijo la parlamentaria.
Mientras que para el diputado Sergio Bobadilla, esto ratifica que en la asignación de recursos desde el GORE Bío Bío a fundaciones “existen graves irregularidades. Por eso se debe y se tiene que actuar con el máximo rigor, aplicando el máximo rigor de la ley y las sanciones a quien corresponda”.
El diputado Eric Aedo calificó la salida de los funcionarios como acertada y necesaria. “Quedó, a través de los medios de comunicación, bastante en evidencia que ellos tres al menos estaban al tanto de estas irregularidades desde el mes de abril y eso hacía insostenible su permanencia en el Gobierno Regional. Esto es un terremoto político en el Gobierno Regional y ahora tiene que avanzar la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Porque más allá de las responsabilidades políticas, aquí hay responsabilidades penales que se tienen que asumir y obviamente también toda la ciudadanía está esperando que estos $250 millones de la Fundación en Ti, así como de otras fundaciones, sean restituidos al GORE y estén bien destinados”, expuso el parlamentario.
“No resuelve problema de fondo”
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo sostuvo que la renuncia de los altos cargos es “una medida de buena, pero muy tardía. Creo que esto debió haberse realizado el primer día en que se conocieron los hechos. Hoy día la gente necesita probidad, necesita transparencia y esto no ha ayudado (…) Incluso, creo que la autodenuncia hubiese sido un acto importante en aras de tener mayor claridad de tener transparencia y acceso a todos los documentos respecto a estos casos y convenios y dineros traspasados”, cerró.
Para la diputada oficialista María Candelaria Acevedo, la salida de los funcionarios del GORE Bío Bío “es una señal importante, pero no viene a resolver el problema de fondo, en donde el traspaso indiscriminado de recursos debe tener una regulación distinta, ya que estos problemas nos llevan a reflexionar sobre el Estado, en todos sus niveles, y la forma de relacionarse con el mundo civil. Lo he señalado en diversas ocasiones, el modelo de Estado Subsidiario es la raíz de los problemas, y debemos apostar por un Estado más fuerte, capaz de resolver los problemas de la ciudadanía”.
