El vocero de la comunidad mapuche Lafkenche de la provincia de Arauco, aseguró que extender el Estado de Emergencia traerá más violencia a la zona, después de la muerte de un comunero en Cañete durante la semana pasada. El vocero emplazó al Gobierno a privilegiar el diálogo.

Paralelo a la votación de la extensión del Estado de Excepción en el Congreso, comunidades de la provincia de Arauco advirtieron que la medida traerá más violencia, llamando al Gobierno a privilegiar el diálogo.

En Santiago, el fiscal nacional admitió las contradicciones en los testimonios y antecedentes sobre los graves incidentes de la semana pasada en Cañete, que terminaron con una persona fallecida.

Expectantes estaban las comunidades mapuches del sur de la provincia de Arauco ante el voto en el Congreso y que aprobó la extensión del Estado de Excepción.

La situación, tras los incidentes de la semana pasada, es preocupante, dijo Miguel Ángel Maliqueo, de las Comunidades de la Franja y del Territorio Lafkenche, y más ahora que la “militarización” del territorio se mantendrá.

Poco antes de la votación, el vocero dijo que el Gobierno se equivocaría se insistía en Estado de Excepción y no el camino del diálogo para abordar el conflicto mapuche, advirtiendo que la violencia siempre genera más violencia.

Maliqueo sostuvo que hay preocupación en la provincia de Arauco, la que se acrecentó a partir de los hechos de sangre la semana pasada, sobre los cuales evitó hacer comentarios.

El vocero del Territorio Lafkenche dejó en la Fiscalía el esclarecimiento de los hechos, en los cuales aseguró la Armada usó armamento de guerra contra los comuneros.

“Efectivamente hay bastante gente alcanzada por perdigones”, agregó Maliqueo.

Al respecto, el fiscal nacional Jorge Abbott, admitió en Santiago que existen contradicciones sobre lo ocurrido y que la Armada calificó como enfrentamiento, informando el jefe del Ministerio Público que el objetivo de la investigación es aclarar las dudas.

Entre las diligencias en desarrollo hoy están la declaración de testigos y los peritajes a las cámaras GoPro entregadas por la Armada y Carabineros, a cargo de la PDI y de los fiscales Juan Yáñez y Nelson Vigueras.