La Universidad de Concepción negocia un acuerdo que impida el juicio contra de los responsables de los daños a la casa de estudios, ocasionados durante las protestas del estallido social.

Son 12 jóvenes a quienes la Fiscalía acusó por diversos delitos perpetrados entre el 7 de febrero y el 18 de marzo del año pasado en las inmediaciones de la Plaza Perú, y que se tradujeron en la destrucción a edificios y otros bienes.

El fiscal Guillermo Henríquez está pidiendo penas que parten en los 150 días de prisión, pero que llegan a los 10 años de cárcel, por los daños, desórdenes, porte de armas prohibidas, lanzamiento de bombas molotov, destrucción de Monumento Nacional, como es el campus de la universidad, todos ilícitos en calidad de reiterados.

En la causa es querellante, además de la Delegación Presidencial, la propia Universidad de Concepción, que presentó acusación solo contra siete de los acusados por el Ministerio Público.

Además, el secretario general y abogado, Marcelo Troncoso, informó la intención de evitar que se llegue al juicio oral, a través de un acuerdo reparatorio con las familias de los imputados.

Consultado sobre las reparaciones que busca la casa de estudios, Troncoso sostuvo que parte del acuerdo en el que se trabaja incluye una cláusula de confidencialidad.

La Fiscalía hasta ahora no sería parte de las negociaciones, pues el secretario general dijo que la incluirán cuando el acuerdo esté afinado.

Sobre la impunidad con que se podría ver el que la Universidad de Concepción prefiera una reparación y no las sanciones que persigue el Ministerio Público por los graves delitos cometidos, el abogado Troncoso explicó que impunidad habría sido retirar la querella.

Fuentes de la Delegación Presidencial señalaron que no estaban al tanto del acuerdo que buscaba la Universidad de Concepción, pero que obviamente en caso de llevarse al Juzgado de Garantía como querellantes se opondrían.