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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El PDG definirá este lunes su postura frente a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La bancada está dividida entre quienes la respaldan, quienes esperan revisar el libelo y quienes se oponen. Si no hay una mayoría clara, podrían dar libertad de acción y permitir las “green cards”. El partido será clave para alcanzar los 78 votos necesarios para que la acusación avance al Senado.

El Partido de la Gente (PDG) vuelve a posicionarse como un actor clave en una votación de la Cámara de Diputados, esta vez ante la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Al interior de la bancada existen distintas posturas y todavía no hay una definición oficial. Mientras algunos parlamentarios están dispuestos a respaldar la acusación, otros prefieren esperar a conocer el contenido del libelo antes de tomar una decisión. También hay quienes se oponen abiertamente a la iniciativa.

La definición se tomará este lunes, cuando el comité del Partido de la Gente se reúna para votar internamente cuál será la postura de la bancada. En la instancia también se resolverá si los diputados podrán utilizar sus denominadas “green cards”, un mecanismo que les permite votar de manera distinta a la posición acordada por el partido.

Entre quienes se inclinan por no respaldar la acusación se encuentran Zandra Parisi, Pamela Jiles y el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela.

Sin embargo, este último, representante de la región de Valparaíso, explicó que, si no se alcanza una mayoría clara en la votación interna, los parlamentarios tendrán libertad de acción.

“Si el Partido de la Gente hubiese estado en el Ejecutivo, el ministro hubiese estado fuera a las 24 horas. Cada uno pone su voto y, cuando no se logra una mayoría considerable, finalmente decidimos dar una libertad de acción, ya que no se pueden dar órdenes de partido”, apuntó.

Uno de los factores que genera inquietud entre los parlamentarios es la gravedad de los delitos cometidos por los condenados que recibieron rebajas de penas. En ese contexto, algunos consideran que votar en contra de la acusación podría ser interpretado por la opinión pública como un respaldo a los beneficios otorgados, lo que supondría un costo comunicacional que califican como “evitable”.

Por su parte, el diputado Fabián Ossandón sostuvo que la bancada evaluará los antecedentes antes de resolver qué medidas respaldará, sin excluir la posibilidad de apoyar el libelo contra Fernando Rabat.

“Como bancada de la gente, estamos evaluando todos los antecedentes en su mérito para definir qué acciones impulsaremos o respaldaremos, incluida una eventual acusación constitucional”, sentenció.

La decisión del PDG será determinante para el futuro de la ofensiva contra el ministro de Justicia. Esto, porque para que la acusación constitucional sea aprobada en la Cámara y avance a la etapa de juicio político en el Senado, se requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, 78 respaldos.