Reacciones políticas generó la denuncia de vecinos de Nueva Aurora de Chile sobre las fallas que a dos años de su entrega evidenciaron los departamentos construidos por la empresa Héctor Vega.
El diputado Leonidas Romero, por ejemplo, recordó la investigación solicitada el 2018 por beneficios irregulares desde el Serviu a la constructora.
Fue durante el segundo gobierno de Bachelet cuando el Serviu adjudicó el proyecto para la radicación de vecinos de Aurora de Chile. Los departamentos y casas fueron construidas por la empresa Héctor Vega, a un costo de casi 9 mil millones de pesos, a través de subsidios entregados por el Estado.
No obstante el valor de las viviendas sociales, y a dos años de su inauguración, éstas presentan graves deficiencias, por las que el Minvu ordenó un sumario, aunque los vecinos recordaron que previo a la licitación se advirtió a la autoridad la falta de experiencia de la constructora en edificación en altura.
En 2018, además, el diputado Leonidas Romero pidió a Contraloría indagar la devolución de 250 millones de pesos desde Vivienda a Héctor Vega, entregando también antecedentes sobre personal del Serviu que después de la licitación terminó trabajando con la empresa.
Las responsables de la licitación y respecto de quién el parlamentario pidió la investigación son la entonces titular del Minvu, Paulina Saball, el seremi Jaime Arévalo y la ex directora del Serviu Bío Bío, María Luz Gajardo, quien consultada por La Radio declinó referirse al tema de Nueva Aurora de Chile, señalando que no recordaba los antecedentes.
Para el senador Alejandro Navarro, en tanto, el caso de los 128 departamentos en Concepción no es nuevo, atribuyendo responsabilidad principalmente al Serviu por no fiscalizar debidamente el trabajo de las constructoras.
Sobre las fallas, con filtraciones que inundan y humedecen los departamentos, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se limitó a pedir solución al problema, pero sin referirse a la responsabilidad que podrían tener las autoridades de la época.
Las deficiencias en viviendas sociales no son nuevas. El caso de Nueva Aurora de Chile es el último y se suma a lo ocurrido en el sector Paso Seco 5 de Coronel, donde 150 casas fueron demolidas a raíz de fallas estructurales, debiendo el Estado -igual como ahora- desembolsar varios miles de millones de pesos para las reparaciones.
