La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente el fallo por la demanda de un hombre que el año 2016 fue apuntado con armas de fuego por personal de la PDI, en el marco de un accidente de tránsito menor. En primera instancia la justicia acreditó el daño moral y ordenó al Fisco pagar $10 millones como indemnización.

El incidente ocurrió luego del “topón” que el auto de Iván Oñate Allen dio a una patrulla de la PDI cerca del cuartel policial en Concepción.

El vehículo de la Policía de Investigaciones siguió al del hombre hasta San Pedro de la Paz, donde tras bajarse la detective Sofía Alarcón, apuntó con un revólver al conductor, lo que quedó registrado en un video que se viralizó.

Esa conducta fue calificada como una falta de servicio de funcionarios del Estado por el 1er Juzgado Civil penquista, ordenando el año pasado una indemnización de $10 millones.

Sandra Navarrete, esposa de Iván Oñate, expresó que lo ocurrido causó un grave daño moral no sólo a su marido sino a toda la familia, y por eso espera que ahora la Corte de Apelaciones de Concepción confirme el fallo.

“Nosotros esperamos que se ratifique el fallo en primera instancia para que podamos terminar este proceso que ha sido largo. Como familia ha sido un camino largo, difícil, en el cual hemos tenido que aprender a vivir en esta nueva condición, donde hemos tenido que recibir bastante ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, especialmente mi esposo”, sostuvo.

El tribunal de alzada revisó el fallo por los recursos del Consejo de Defensa del Estado y de los propios demandantes, representados por el abogado Pablo Merino, confiando éste en que la justicia rechace el argumento del organismo demandado en cuanto a que la detective no estaba en funciones al momento de los hechos y que por tanto actuó no como funcionaria del Estado.

“La forma en que actuaron utilizando los distintivos, utilizando el armamento, indudablemente que refuerza nuestra teoría de que estaban actuando como funcionarios público”, aseguró.

El abogado agregó que por el daño causado a sus clientes, espera que la Corte de Apelaciones aumente el monto de la indemnización.