A la Corte Suprema se fue el caso del abogado Rodrigo Cuevas Cerda, destituido por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) al acusarlo de faltar a las normas internas que prohibían la defensa de una persona investigada por tráfico de drogas, trabajo realizado por el jurista de forma particular.

Ante el despido, tras un sumario administrativo, el profesional presentó una demanda laboral en el Juzgado del Trabajo de Bulnes, denunciando que se vulneraron sus derechos, pidiendo el pago de 60 millones de pesos como indemnización.

Si bien no pudo revertir la remoción, el abogado obtuvo un fallo a favor en la arista laboral, acreditando el tribunal que efectivamente el despido fue ilegal y por eso ordenó a la CAJ del Bío Bío a pagar casi 50 millones de pesos como indemnización.

Ese fallo fue recientemente confirmado por la Corte de Apelaciones de Chillán, y ante eso es que el organismo del Ministerio de Justicia presentó un último recurso a la Corte Suprema para intentar revertir la sentencia, y evitar así el pago de la millonaria reparación.