El caso del buque inglés: la improvisación como regla

La controversia levantada por el gobierno argentino por el ingreso del buque británico HMS Medway a Punta Arenas, y las declaraciones de una senadora argentina cuestionando esa decisión, no constituyen un hecho aislado ni casual, sino la consecuencia de años de descuido y de una inercia incomprensible de sucesivos gobiernos en Chile frente a las querellas del vecino.

Que una parlamentaria kirchnerista se atreva a cuestionar atribuciones soberanas de Chile no refleja tanto su propia ignorancia jurídica, como sí la ausencia de un cerco que ponga límites a este intervencionismo ideológico de un sector de la política argentina que no conoce el sur, no proviene del sur y no comprende hacia dónde debe ir nuestro Cono Sur.

En 2022, el Gobierno negó el ingreso del barco inglés Forth a Punta Arenas, una decisión avalada por la plana mayor de la Cancillería, y acompañada del silencio y la falta de reparo de las instituciones que deben velar por el cumplimiento del Derecho en el estrecho de Magallanes. Es decir, de aquel amargo episodio hubo una cadena de instituciones que le fallaron a Chile, a sus tratados y a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Dañaron el imperio de los Tratados de 1881 y 1984 y alteraron una práctica que, durante más de un siglo, había contribuido a la normalidad de las relaciones en el extremo austral.

Un error grave que, siendo sinceros, se arrastra desde fines de 2010, cuando la Cancillería del presidente Piñera no fue capaz de poner freno a una resolución política del Mercosur que prohibió el ingreso de buques con bandera malvinense a puertos de nuestra región.

Hoy se corrige el rumbo, se autoriza el ingreso del Medway y se genera un conflicto político que nunca debió haber existido. Es el problema de gobernar la política exterior improvisando según la coyuntura, asunto que el presidente Kast ha asumido como un desafío: poner orden e institucionalidad en las relaciones con Argentina, especialmente en la zona más sensible, el extremo austral de Chile.

Sin embargo, el presidente Kast no hereda solo este error, pues la misma lógica ocurrió cuando Chile demoró por más de una década en reaccionar con firmeza frente a la pretensión argentina sobre la plataforma continental austral. Mientras Argentina actuaba con claridad estratégica, en Chile altos funcionarios del segundo gobierno de la presidenta Bachelet llegaron a calificar el asunto como de “importancia ninguna” y, nuevamente, las instituciones competentes optaron por el silencio. Esa indiferencia cuesta cara cuando se trata de soberanía.

Lo mismo ocurre hoy con el Tratado de Alta Mar. Mientras a los parlamentarios se nos presentó, en 2023, este acuerdo como un tratado ambiental, no advertimos que podía terminar debilitando el control efectivo que Chile ha ido levantando durante más de sesenta años sobre sus espacios marítimos antárticos. El tiempo dirá quién tenía razón, pero al menos nuestra región de Magallanes merecía un debate serio y no una aprobación apresurada a cambio de un prestigio efímero. Pero no olvidemos que fue el Tratado de Campo de Hielo —negociado en los noventa— el que inauguró en Chile la entrega de territorio magallánico como modelo de negociación.

Por eso insisto en que los problemas internacionales que afectan a mi región no son episodios fortuitos. Responden a una cultura centralista que desconoce la realidad austral, subestima el valor estratégico de Magallanes, debilita nuestra posición austral y no entiende la particular convivencia que existe entre mi región y la Patagonia argentina. Allí no solo compartimos una frontera; compartimos historia, familias, comercio, cultura y una rica relación humana que debe ser protegida con inteligencia.

Por lo mismo, y así se lo he comunicado al gobierno del presidente Kast, la decisión de designar un delegado de Cancillería para la zona austral debe recaer en una persona con experiencia, conocimiento del territorio y capacidad profesional. Magallanes no necesita premios de consuelo ni amigos o funcionarios mediocres, sino servidores públicos capaces de comprender la complejidad geopolítica del extremo sur e influir en decisiones que comprometan nuestro territorio.

Estoy seguro de que el presidente Kast, quien ha recorrido nuestra región en numerosas ocasiones —y no solo en verano o vacaciones— y conoce de primera fuente nuestra realidad, corregirá esta larga cadena de improvisaciones y pondrá orden en nuestras instituciones.

Chile necesita una política austral coherente, estratégica y permanente. Porque defender a Magallanes no consiste en sacarse fotos arriba de un buque inglés o salir en columnas de opinión, sino en trabajar para evitar que esas crisis vuelvan a producirse.