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La Administración de Aduanas de San Antonio detectó una carga de 360 catanas japonesas ingresadas al país sin las autorizaciones necesarias, siendo un tipo de mercancía sujeta al control de la Dirección General de Movilización Nacional. La empresa importadora, con sede en Santiago, las describía como espadas de acero común para decoración, a pesar de declararlas como armas blancas en los documentos de importación. La Aduana presentó una querella contra los representantes legales de la empresa por contrabando, resaltando que las espadas son consideradas armas blancas cortopunzantes y no elementos decorativos como se afirmaba.
La Administración de Aduanas de San Antonio, región de Valparaíso, lograron identificar una carga de 360 catanas o katanas -espadas de origen japonés- que eran ingresadas al país.
Esto, ya que no contaban con las autorizaciones correspondientes para este tipo de mercancías, que están sujetas al control de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
Al detectar el cargamento, el servicio fiscalizador se coordinó con la DGMN, desde donde indicaron que la empresa no contaba con los permisos, sino que además no estaba inscrita en el en el registro de importaciones de la DGMN.
En cuanto a los distribuidores, era una empresa de Santiago las estaba trayendo a Chile describiéndolas como “espadas, de acero común, sin filo para decoración o adorno las demás armas blancas”.
Lo anterior, pese a que de todas formas las estaba declarando en el documento de importación en el apartado de “sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas”.
Aduana se querella
Ante el Juzgado de Garantía de San Antonio esta semana, fue presentada la querella producto de la situación.
En ella, Aduanas apela a que “se puede determinar claramente que las espadas son un arma blanca, corto punzante y no un elemento de decoración como lo señalan en la Declaración de Ingreso y los documentos comerciales de base de los mismos”.
El Administrador de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, destacó el procedimiento donde se incautaron las armas.
Finalmente, la acción judicial está dirigida contra los representantes legales de la empresa que las importaba, por el delito de contrabando.
